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Redacción Nacionales
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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 40 años de prisión a un pandillero que en 2016 asesinó a dos agricultores en el occidente del país.
Fue la tarde del 12 de febrero de 2016, que Héctor Moreno Vásquez y Obdulio Cruz Urquilla, junto con una tercera persona no identificada, se encontraban realizando labores agrícolas en la finca “Mi Cariño”, en el caserío El Progreso, del cantón San Jacinto, en Coatepeque.
En ese momento, un grupo de pandilleros se acercó desde una vereda portando corvos y armas de fuego cortas y largas, rodeando a Héctor y quitándole la camisa. Sin mediar palabra, lo hirieron con un corvo, provocando que cayera al suelo. Luego, le dispararon con una escopeta industrial, ocasionando su muerte instantánea.
La tercera persona no identificada, que se encontraba alejada de la escena, le gritó a Obdulio que corriera. Él intentó huir, pero fue alcanzado por los disparos y también recibió heridas de arma blanca cuando ya estaba en el suelo. Los delincuentes intentaron perseguir a la tercera persona, pero no lograron alcanzarla, por lo que huyeron dejando a las dos víctimas muertas en el lugar.
Por esos hechos, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana llevó a cabo el juicio contra Eduardo Antonio Vásquez Menéndez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de las dos personas. Después de escuchar las declaraciones de los testigos, el tribunal determinó que su testimonio fue espontáneo, claro y concordante con el resto de la evidencia documental, y lo condenó a una pena de 40 años.
En otro caso judicial, un extorsionista que exigía $400 a su víctima a cambio de no asesinarla, recibió 20 años de prisión luego que Tribunal de Sentencia de San Francisco Menéndez lo encontró culpable.
En febrero de 2018, un comerciante de Corinto (Morazán), comenzó a recibir llamadas de un individuo que se identificó como «William» y afirmó ser el líder de la MS. El presunto pandillero le exigió que le entregara 400 dólares, advirtiéndole que debía cerrar su negocio o enfrentar las consecuencias, incluyendo la posibilidad de ser asesinado.
La víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), y los agentes iniciaron una operación especial. El comerciante acordó entregar el dinero el 7 de marzo de ese mismo año. Ese día, Gerardo Josué Hernández Molina y Josiel Aníbal Benítez Amaya llegaron al negocio en una motocicleta para recoger el dinero. Pocos momentos después, fueron arrestados y se les confiscó el teléfono celular desde el cual realizaban las llamadas, así como el dinero en efectivo que acababan de recibir.
El juicio contra Hernández Molina tuvo lugar en el Tribunal de Sentencia de San Francisco Menéndez, donde se demostró su participación en el hecho. Como resultado, fue condenado a 20 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
