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El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate emitió un veredicto de carácter condenatorio contra cuatro personas acusadas de diferentes delitos relativos a la corrupción. El fallo fue emitido luego de una vista pública que se prolongó por varios días debido a la complejidad del caso, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Entre los condenados se encuentra el abogado Silas Peraza, a quien se le impuso una pena total de 11 años de cárcel. Fue encontrado responsable penalmente por el delito de cohecho activo en dos casos, por los cuales se le impuso una pena de 4 años por cada uno; y también se le condenó a tres años de prisión por falsedad ideológica, en otro caso. Solamente fue absuelto por un caso de cohecho activo.
Otro de los condenados fue Ricardo Antonio M., quien deberá de purgar una pena privativa de libertad de 9 años de prisión. El imputado fue juzgado por cinco casos; cuatro de ellos por cohecho impropio y uno por cohecho propio. Por cuatro casos de cohecho impropio se le impuso una pena de 2 años por cada uno. Tres de ellos fueron juzgados a través de un procedimiento ordinario; y uno más por medio de un procedimiento abreviado, negociado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa. Mientras que en otro caso de cohecho propio se le puso una pena de un año de prisión, haciendo un total de nueve años.
Mientras tanto, en dos imputados más, el Ministerio Público y la defensa de cada uno también optaron por un procedimiento abreviado. Uno de ellos fue el caso de Evert Edgardo S., a quien le V., acusada de prevaricato, fue condenada a una pena de seis meses de cárcel. A ambos imputados se dieron una pena de 1 año de prisión, por el delito de falsedad ideológica. Mientras que Gracia María les hizo el reemplazo de la pena de prisión por trabajos de utilidad pública, que deberán de cumplir bajo la supervisión de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente.
Dos imputados más acusados de cohecho activo fueron absueltos de cargos penales. Ellos son Joaquín Alberto M., y José René R. Ambos fueron puestos en libertad.
Durante la vista pública, el Ministerio Público basó su estrategia de acusación a través de escuchas telefónicas, en las cuales consignó cómo y cuándo los incoados cometieron los ilícitos.
