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@JoakinSalazar
Más de $20 mil dólares en multa es la condena que el Juzgado sexto de sentencia otorgó al empresario Adolfo Salume Artiñano y a los periodistas Laffite Fernández Rojas y Ada Heydi Concepción Vargas, diagnosis déspues de haberse encontrado culpable del delito de calumnia en prejuicio del alcalde de Metapán Juan Umaña y el representante legal de la empresa GUMARSAL Wilfredo Guerra.
En total, cada uno de los imputados cancelará, al Estado Salvadoreño, la cantidad de $20 mil 136 dólares, sin embargo quedó pendiente el juicio por la resposabilidad civil, es decir el pago hacia las víctimas.
Durante el proceso judicial se logró corroborar que “delinquieron” a través de los movimientos de comunicados de prensa y campos pagados, dado que calumniaron sobre la vinculación de las víctimas con el narcotráfico y el lavado de dinero.
De acuerdo a las autoridades, en el juicio se estableció que el señor Fernández Rojas contactó al testigo denominado “Mario” para que buscara a una persona, que realizara publicaciones en la prensa escrita, en la que realiza una supuesta denuncia ciudadana.
En la denuncia se vinculaba a las víctimas con redes como el narcotráfico y el Lavado de Dinero.
Por tal razón “Mario” contacta a Leghendy Ruiz Trujillo quien presentó el comunicado y se hizo responsable del mismo, en el que hacía alusión a que las víctimas estaban involucradas con el narcotráfico y con la evasión de impuestos.
Con las declaraciones del testigo “Mario” se establece que existe una segunda publicación en la que era responsable Benjamín Pérez Medrano, elaborado y firmado por Lafitte Fernández.
Sin embargo, ante la Fiscalía General de la República (FGR) se presentó Benjamín Pérez Medrano denunciando que su nombre y firma fueron usurpados.
Asimismo, como prueba, la Fiscalía demostró la existencia de un tercer campo pagado, que se vincula directamente a las víctimas con el tráfico de droga, donde se estableció a través de prueba documental que existe un cheque por la cantidad de $2,800.00 a nombre de Lafitte Fernández Rojas, a favor de Leghendy Ruiz Trujillo, elemento que permitió determinar que con ese dinero se cancelaron los campos pagados en los periódicos. En cuanto al empresario, los reportes indican que realizó entrevistas a periodistas de un periodico digital, donde estableció que las victimas participaban del negocio del narcotráfico. Tras la condena, el empresario Adolfo Salume no quiso dar ninguna declaración con respecto al tema. En cuanto al periodista, Lafitte Fernández aseguró que apelará la condena, apelación que podría llegar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
