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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El movimiento de socios conductores UBER El Salvador hizo un llamado a las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) para permitirles continuar trabajando y otorgarles unos permisos temporales, mientras se legaliza su situación.
Juan Ernesto Hernández, conductor de UBER, afirmó que como movimiento no están en contra de la legalización de este nuevo tipo de transporte, pues esperan que las autoridades modifiquen las leyes y sean adaptadas a las necesidades actuales.
“Pedimos a las instituciones que nos permitan seguir llevando el sustento a nuestras familias, no estamos en contra de la legalización. No somos competencia desleal, ya que nuestro modelo de negocio es diferente”, enfatizó el conductor de UBER.
Asimismo, explicó que trabajar como conductor UBER le permite un ingreso extra, ya que es un negocio el cual puede combinar con otro empleo.
La decisión de unirse a UBER se da ante la falta de empleo y que han encontrado en dicho modelo de transporte la forma para llevar el sustento diario a sus familias.
Hernández señaló que bajo el control de UBER donde se les exige no tener antecedentes penales y solvencia de la Policía Nacional Civil (PNC) los conductores son personas completamente confiables, por lo que se convierte en un servicio completamente seguro para trasladar a la ciudadanía.
“No somos taxistas, ni taxistas piratas, nuestro modelo de negocio es diferente, las tarifas no son colocadas por nosotros, solo atendemos solicitudes de forma electrónica, atendemos a usuarios con formas de pago efectivo y electrónico, además, garantizamos la seguridad de las personas que transportamos, tenemos tarifas más accesibles al bolsillo de las personas”, externó el representante del movimiento UBER El Salvador.
Por el momento el marco legal es inflexible y no permite que UBER pueda ofrecer ese servicio de transporte, sin embargo, después de la reforma ya habría una autorización del VMT para trasladar personas.
Los conductores de UBER manifestaron que la gerente de la región de empresa notificó hace cuatro años a los mandatarios centroamericanos que se abrirían operaciones en la Latinoamérica, sin embargo, fueron pocos los gobiernos que comenzaron a adaptar sus leyes a ello.
