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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Guatemala enfrenta ahora, un nuevo desafío electoral, midiendo diferentes proyectos políticos en los que se destaca el conservadurismo.
Más allá de ello, lo que los 9.2 millones de guatemaltecos convocados a urnas realmente medirán es su confianza en la institucionalidad misma, donde la desconfianza y no la confianza, es la que lleva la delantera.
Las encuestas realizadas por diferentes casas [ConDatos, DAIMApsicología, TrackingSemanal, Innoven, etc.], calculan a partir de los ejercicios realizados, que hasta un 80% de los ciudadanos encuestados no confían en el proceso, mientras hasta el 60% estima no participará en el mismo precisamente por la desconfianza que le supone.
Señalan por ejemplo el que la expresa prohibición constitucional a miembros de iglesias, ha sido violentada al admitir en el papel de la vicepresidencia de la fórmula en la delantera, a un reconocido pastor, quien, aunque renunciara públicamente a su filiación religiosa, atrae con certeza a los sectores ultra religiosos pentecostalistas, como su consecuente incidencia política en la cosa pública, con los nocivos efectos que eso supone.
Y es que, en la memoria guatemalteca, en particular entre los sectores populares, aún reverberan los crímenes de odio religioso y étnico que supuso el régimen del golpista Ríos Montt, responsable de los más espeluznantes crímenes cometidos por las fuerzas armadas, agravado por la impunidad que sigue encubriendo a éste y sus secuaces aún ahora, como la consecuente parálisis y corrupción que de ello deriva y plaga la institucionalidad guatemalteca.
Otra recurrente denuncia la constituye la descarada compra de voluntades que la mayoría de partícipes en el proceso han cometido, pues de acuerdo a VOA incluso ahora, domingo 25, día de las elecciones, se repartieron canastas alimentarias y otros bienes, en el ánimo de lograr el favor entre los asistentes.
Ahora bien, de acuerdo a las leyes guatemaltecas en materia electoral, el ganador es quien resulta con el respaldo del 50% de votantes más uno, lo que indefectiblemente sucederá, aunque no representando a las mayorías.
El paralelo en nuestro país es el actual ejecutivo, quién emergiera ganador hace 4 años de unas muy deslucidas elecciones, las de más baja asistencia – 42%/TSE -, lo que implica que, siendo legítimas, no son representativas.
Tanto nosotros como nuestros hermanos guatemaltecos desconfiamos de la institucionalidad, y aunque ambas realidades difieren en varios aspectos, lo cierto es que compartimos elementales coincidencias políticas, pero también históricas y culturales.
La carencia de confianza en la institucionalidad es común para ambos, lo que se ve reflejado en nuestro caso en la desidia que se desprende en la no participación de la cosa pública, en la que no creemos por la ausencia de ninguna certeza jurídica derivada del autogolpe que se infligieron el régimen, lo que ha redundado en índices de corrupción simplemente sin paralelos en nuestra historia reciente.
Entonces la legalidad de un proceso no lo hace necesariamente legítimo, y, por tanto, indeseable, haciendo del proceso electoral
