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@arpassv
Personeros de la Fiscalía General de la República denunciaron ayer presiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para retrasar juicios contra algunos jueces, empleados judiciales, abogados y narcotraficantes.
El director de áreas especializadas, Allan Hernández, y el jefe fiscal en la zona oriental, German Arriaza, denunciaron que dos magistrados propietarios de la CSJ interfieren en procesos judiciales. “Un magistrado en forma directa y otro indirectamente están interfiriendo para que no se haga la audiencia (en un caso que involucra a cinco empleados del Órgano Judicial)”, declaró Arriaza.
La denuncia de los representantes fiscales confirma la necesidad de depurar el Sistema Judicial, demanda que ha sido reiterada por diferentes organizaciones y sectores sociales.
También, ayer, Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), señaló que la Corte Suprema de Justicia es la instancia estatal más demanda por negar acceso a la información. “En más de tres años, la Corte es la más demandada, sólo en el Instituto hay 80 casos expuestos por la ciudadanía”, declaró el funcionario en una entrevista televisiva.
Jaime Campos contrastó la actuación intransparente de la Corte con la actitud del Órgano Ejecutivo, que es la instancia más abierta a la fiscalización y escrutinio público.
El señalamiento del comisionado Campos confirma la necesidad de transparentar la Corte. Organizaciones sociales señalan que en la máxima instancia judicial domina la opacidad y que sus miembros no rinden cuentas al país, señalando -por ejemplo- la discrecionalidad de la Sección de Probidad y las resoluciones arbitrarias de la Sala Constitucional.
Así que la denuncia de los personeros de la Fiscalía y el señalamiento del comisionado del IAIP son argumentos para que las organizaciones verdaderamente preocupadas por la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción presionen por una profunda depuración del Sistema Judicial.
La semana pasada el propio Fiscal General, Douglas Meléndez, afirmó que “en el Órgano Judicial también hay clicas, y no sólo en las pandillas”.
Por tanto, la ciudadanía debe exigir al Fiscal General que proceda a desarticular las “clicas judiciales” y a enjuiciar a los presuntos delincuentes judiciales, sobre todo a los jueces que favorecen a implicados en casos graves de corrupción y a magistrados como Belarmino Jaime señalados por evasión tributaria.
