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@arpassv
La Sala Constitucional rechazó ayer la demanda contra la Ley de Integración Monetaria que permitió la dolarización de la economía salvadoreña. La demanda había sido presentada por el fallecido economista de izquierda Salvador Arias.
Con semejante decisión, los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco ratifican el carácter pro oligárquico de la Sala. Esta instancia judicial funciona como último bastión de las élites empresariales ante cualquier intento de desmontar el modelo económico imperante.
Para tener el aplauso de organizaciones de derechos humanos (Pro Búsqueda, IDHUCA, etc.) y algunas instancias internacionales, tales magistrados se muestran “progresistas” en temas como la Ley de Amnistía. Sin embargo, son totalmente conservadores en aspectos estructurales vinculados a políticas neoliberales, medidas tributarias, oligopolios de medios, etc.
Por eso declararon constitucional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, revirtieron reformas fiscales progresivas, perpetuaron la concentración mediática y ahora avalan la dolarización.
Así, el balance de la gestión de esta Sala es negativo para el país. Anuló la ominosa amnistía y reivindicó temas de derechos humanos, pero dejó intacto el modelo neoliberal, el esquema tributario regresivo, la dolarización y el modelo de medios concentrado, excluyente y violador de las leyes electoral (TCS, RSM y otros siguen transmitiendo la campaña adelantada de ARENA, a pesar de la medida cautelar del TSE).
Esto hace necesario que, en la elección de los nuevos magistrados, la población democrática y decente asegure la designación de una Sala responsable, garante de los preceptos constitucionales y que actúe en función de los intereses nacionales.
La población debe mostrarse parte del proceso y exigir a la Asamblea Legislativa que elija magistrados capaces, honestos e independientes de las élites empresariales, partidos políticos, grupos criminales y cualquier grupo de presión que influya en el desempeño de la nueva Sala.
FUSADES y otras organizaciones de derecha, confiadas en la correlación más favorable para ARENA en la próxima legislatura, tratarán de imponer candidatos afines a los poderes económicos. Por eso urge la acción decidida de todos los sectores progresistas, democráticos y decentes del país.
