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Lourdes Argueta
Abogada
Las marchas de las batas blancas son parte de la memoria histórica de nuestro país, que recuerda como centenares de médicos y trabajadores marchaban contra la privatización de los servicios de salud y fueron acompañados por Schafik Hándal, como muestra del respaldo político al gremio y a los derechohabientes en defensa de sus derechos. En esas marchas se destacó el liderazgo de médicos que de forma valiente se pusieron al frente a dirigir ese esfuerzo que ha trascendido en el tiempo.
En el contexto actual, el gremio médico ha denunciado desabastecimiento grave de medicamentos, acoso laboral, despidos arbitrarios, y ahora el descontento por el congelamiento al escalafón. Este ciertamente es un tema delicado, porque no se ha llevado a una justa revisión por carecer de equidad en su aplicación respecto al mismo gremio y a empleados públicos de otros sectores del gobierno, como el gremio docente, cuyo escalafón también congelarán. Ambos gremios han convocado a una marcha el próximo sábado 19 de octubre, para exigir que se revierta la medida del ejecutivo de congelar el escalafón como sistema de nivelación salarial.
El gobierno solo cumple con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, pero también estas medidas reflejan su incapacidad de resolver la crisis financiera que buscan esconder, porque están condenando a miles de maestros y personal de salud que tienen un salario básico a mantenerse al límite con sus ingresos.
Están sacrificando a los trabajadores mientras incrementan el presupuesto de las comunicaciones de casa presidencial, que pasará en 2025 de $6.3 millones a $9 millones, un aumento de $2.6 millones respecto al año 2024.
Nada justo para los trabajadores y sus familias. Ciertamente el escalafón de salud es necesario que se regule, para que sea realmente equitativo y justo, pero congelarlo de manera general es desproporcional.
La marcha del personal de salud y de educación es significativa, indistintamente de la cantidad que marche aun cuando se mantiene el acoso laboral y los temores infundidos que se ven reflejados en el comunicado del Colegio Médico.
Será lamentable que en una situación como la que se vive, sea el temor el que impere y se debilite la lucha por la defensa de sus derechos laborales que pueden afectar la atención a los pacientes. Todas esas irregularidades son responsabilidad del Estado salvadoreño, no solamente del gobierno, sino de toda la institucionalidad a su servicio, al ser cómplices de los atropellos sistemáticos contra la clase trabajadora. Por eso golpearon las estructuras de los sindicatos, para debilitarlos y ningunearlos impunemente.
El ejecutivo y su bancada legislativa consumarán la aprobación del Presupuesto General en esas condiciones que generarán irregularidades en el funcionamiento de los ministerios, mientras favorecen áreas que no son vitales para el desarrollo social.
El sistema educativo del país es uno de los más golpeados desde el primer quinquenio oficialista, desde falta de alimentos, de presupuesto de funcionamiento e inversión en infraestructura, habiendo cientos de escuelas pendientes de reparación, muchas de ellas en condiciones vulnerables a temblores y otros fenómenos naturales; además de situaciones que afectan al sector docente, entre ellas irregularidades en la selección de maestros interinos, donde maestros han denunciado que de manera discrecional seleccionan a personas recomendadas por el partido NI. La comunidad estudiantil también ha resentido el retraso en la entrega de paquetes escolares y uniformes, entre otros aspectos.
Aunado a lo anterior, hay docentes que sufren de acoso laboral en las dependencias departamentales, donde sus superiores los amenazan si participan en las marchas o denuncian públicamente las condiciones de deterioro de las escuelas o las carencias por la falta de un presupuesto digno o el retraso de lo que les corresponde. Con esa misma prepotencia actúan en las demás instituciones de gobierno, como un efecto cascada de las características del mandatario.
Por todo ello, la marcha convocada para el sábado recoge un acumulado de arbitrariedades que es necesario denunciar. En medio de una crisis sistémica en la que la clase trabajadora es la más afectada, es justo que los docentes y personal de salud marchen por sus derechos. En el país debemos hacer esfuerzos por denunciar y concientizar también a la población, hay más aspectos que deben analizarse de manera objetiva, y lograr contrarrestar la propaganda gubernamental y el culto a la personalidad que ciega a muchos, lamentablemente, para ver estas medidas con preocupación.
Recientemente conocimos los resultados de la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, en la que por una parte la población expresa y califica mal la situación económica y el desempeño de las alcaldías, pero por otra evalúa bien al mandatario, un poco paradójico, pero es reflejo de la percepción construida con la inversión millonaria en publicidad, por lo que no es de extrañar que sea a lo que más le apuesten en la asignación de recursos para el año 2025.
