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Buenos Aires/AFP
El presidente argentino, Alberto Fernández, obtuvo este sábado un apoyo crucial del Congreso al aprobarse su ley de emergencia económica con la que busca sacar al país de su peor crisis en casi dos décadas.
El mandatario peronista de centroziquierda había enviado el proyecto de ley al Parlamento el martes para su urgente tratamiento, en lo que fue su estreno legislativo desde que asumió el 10 de diciembre tras derrotar en primera vuelta al liberal Mauricio Macri.
Tras el aval de la Cámara de Diputados el jueves a la ley, la mayoría peronista en el Senado se impuso con el apoyo de aliados y aprobó el texto la madrugada de este sábado por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un maratónico debate que se extendió hasta las 04H00 locales (07H0 GMT).
La ley, punta de lanza del gobierno de Fernández, impone alzas de impuestos a sectores de las clases altas y medias, otorga incentivos fiscales a la producción, beneficios impositivos a las clases más empobrecidas y otorga facultades al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda pública, entre otros puntos.
El gobierno busca con ello frenar la caída de la economía, que atraviesa una recesión con 3,1% de baja del PBI para 2019, una inflación del 55% anual, 40% de la población en la pobreza y una deuda que representa casi el 90% de su PIB.
– Urgencia y respaldo –
La ley se trató sin dilaciones en el Senado, que aprobó sin modificaciones el texto girado desde la Cámara de Diputados tras el debate conducido por la expresidenta (2007-2015) y nueva vicepresidenta y cabeza de la Cámara Alta, Cristina Kirchner.
«Son buenas noticias para Alberto: consiguió la ley, los bloques estuvieron encolumnados, logró el apoyo de los gobernadores y se mostró como protagonista sin que haya quedado opacado por Cristina Kircher», dijo a la AFP el analista político Carlos Fara.
Esta «victoria legislativa, le da oxígeno para cualquier otra ley que necesite y la oposición fue razonable porque no tiene mucho margen para criticar, saben que le dejan una crisis y saben que la sociedad ya lo sabe».
«Él tiene hoy el poder para ejecutar, está respaldado políticamente, no se le generó ninguna rebelión en la granja y es el protagonista absoluto, ún éxito», consideró Fara.
Los votos en contra fueron todos del opositor Juntos por el Cambio, del expresidente Macri, que sin embargo había prestado quorum.
El presidente de ese bloque, senador Luis Naidenoff, denunció una ley que implica «la liquidación del poder adquisitivo de los jubilados».
Pero Fernández respondió, pidiendo a la oposición «dejar de lado la soberbia».
«Los que dicen estar preocupados por el sueldo de los jubilados hoy en día, son los que en cuatro años de gobierno le hicieron perder 20% del salario real», acusó el presidente en declaraciones al canal 9 de televisión.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el jueves por 134 votos a favor y 110 en contra tras eliminarse un polémico artículo que otorgaba amplias facultades al Poder Ejecutivo para modificar la estructura del Estado.
– En rojo –
La ley, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, declara la emergencia en once áreas, desde la económica hasta la sanitaria y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
El gobierno de Fernández debe enfrentar una negociación de la deuda que ronda el 90% del PIB tras perder el financiamiento de los mercados en 2018.
El viernes las calificadoras de riesgo Fitch y S&P dijeron que Argentina entró en default selectivo y degradaron su deuda luego de que el gobierno postergó unilateralmente hasta agosto el pago de unos 9.000 millones de dólares de vencimientos en letras.
El presidente ha dicho que aunque Argentina tiene voluntad de pago no está en condiciones de afrontar los vencimientos de una deuda por unos 330.000 millones de dólares, lo que incluye desembolsos del FMI por 44.000 millones.
En ese contexto de escasez de divisas, la nueva ley impone un impuesto del 30% sobre las operaciones de compra de moneda extranjera y de adquisición de bienes y servicios en divisas, ya sea en efectivo o por tarjeta de crédito, mientras mantiene el tope de compra de 200 dólares por persona por mes.
También busca urgentemente financiamiento para subsidiar un plan para enfrentar el hambre con tarjetas alimentarias gratuitas para más de dos millones de personas, en un país con 44 millones de habitantes y con los peores indicadores económicos y sociales desde la crisis de 2001.
La ley aplica una fuerte presión impositiva y faculta al gobierno a elevar los impuestos a las exportaciones de granos y oleginosas, en una medida que generó ya rispideces con el sector agropecuario.
