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Brasilia/AFP
El Senado brasileño aprobó el martes, al cabo de una agitada sesión, una legislación laboral que genera fuerte resistencia social pero que podría dar un respiro político al presidente Michel Temer, acorralado por denuncias de corrupción.
La ley, impulsada dentro del programa de ajustes para recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de la recesión, fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención.
La Cámara baja ya había aprobado el proyecto en abril y Temer debería promulgarlo esta misma semana.
La nueva normativa da preeminencia a los acuerdos negociados por sector o empresas sobre la legislación vigente en temas como el parcelamiento de las vacaciones hasta en tres periodos o la duración de las pausas, a condición de que tengan un mínimo de 30 minutos.
Autoriza la «jornada intermitente», una de sus disposiciones más polémicas, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual.
También determina el fin de la cotización sindical obligatoria.
Respaldada por los mercados, esta ley es rechazada por un 58% de los brasileños, según una reciente encuesta Datafolha. Los sindicatos realizaron una huelga general el 29 de abril y organizaron jornadas de protesta para denunciar el «retroceso» social de los planes de ajuste del gobierno.
La nueva Legislación del Trabajo forma parte de un arsenal de reformas macroeconómicas, junto a la congelación del gasto publico durante veinte años (promulgada el año pasado) y al ajuste del régimen de jubilaciones, en tramitación en la Cámara de Diputados pero trabado por la crisis política.
«Creo que aprobamos una de las reformas más ambiciosas de los últimos 30 años», se felicitó Temer tras la votación en una declaración a la prensa.
A oscuras
Los reclamos alcanzaron el martes la propia mesa del Senado, cuando tres legisladoras opositoras ocuparon el estrado e impidieron a su presidente, Eunicio Oliveira, ocupar su sillón.
Visiblemente irritado, Oliveira suspendió los debates y ordenó apagar los micrófonos del recinto, que también quedó a oscuras.
El bloqueo se extendió durante seis horas.
«Ni la dictadura militar [1964-85] se atrevió a ocupar la Mesa del Congreso Nacional», lamentó Oliveira al reabrir la sesión.
«Pero ni la dictadura militar se atrevió a revocar la legislación laboral!», replicó en Twitter el senador del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) Lindbergh Farias.
Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostienen que sus reformas apuntan a «generar empleos», en un país confrontado a la peor recesión de su historia, con 13,8 millones de desocupados (13,3% de la población activa).
El mandatario buscará un respiro con este respaldo, pero su victoria podría ser pírrica porque muchos de sus aliados creen que su desgaste le impedirá avanzar en la reforma de las jubilaciones, que requiere el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores de ambas cámaras por ser de tipo constitucional.
Un apoyo que ahora parece difícil para Temer, con todas sus fuerzas centradas en su supervivencia política y los legisladores con la mirada ya puesta en los comicios generales de octubre de 2018.
Batalla
Convertido hace dos semanas en el primer presidente en ejercicio de Brasil en ser inculpado formalmente de corrupción, este lunes Temer recibió otro duro golpe.
Pese a formar parte de su propio partido, el PMDB (centroderecha), el relator de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados, Sérgio Zveiter, recomendó encaminar a la corte suprema la denuncia.
El parecer fue otro jarro de agua fría para su gobierno, aunque corresponderá al Plenario de la Cámara decidir si el caso debe ser transmitido al Supremo Tribunal Federal (STF), única instancia capaz de abrir un juicio contra Temer.
Si ello finalmente ocurre, el mandatario sería apartado del cargo por un máximo de 180 días, abriendo una nueva crisis poco más de un año después de la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, en un proceso de impeachment por manipulación de las cuentas públicas.
Temer fue acusado de recibir un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares) de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, a través de un asesor al que la policía fotografió recibiendo una maleta con ese dinero antes de detenerlo.
En este contexto ganan cada vez más fuerza las voces que ven en el presidente de la Cámara -y primero en la línea de sucesión-, Rodrigo Maia, la opción más viable para sacar a Brasil de una crisis que no parece tener fin.
Temer, sin embargo, sigue confiando en obtener una mayoría suficiente para archivar el caso en el Plenario, dado que la aprobación de su tramitación a la corte suprema debe ser aprobada por dos tercios de los escaños (342 de los 513 diputados).
