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Brasilia/Prensa Latina
El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, convocó hoy al Congreso Nacional para funcionar en régimen extraordinario y deliberar sobre un decreto que determina la intervención federal en la Seguridad Pública del Distrito Federal (DF).
Fuentes legislativas indicaron que muchos legisladores permanecían este lunes en Brasilia y asistieron a la reunión en la residencia oficial del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
En ese encuentro acordaron, por unanimidad, votar el decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien determinó la intervención federal en el DF ante las invasiones ocurridas el domingo en las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Los actos vandálicos e irrupciones violentas en esas instituciones la protagonizaron adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, quienes piden intervención militar y rechazan la asunción al poder de Lula.
Hubo una votación simbólica con acuerdo también de los parlamentarios para aprobar la medida del gobernante que se extenderá hasta el 31 de enero.
El diputado Rubens Pereira Junior, del PT, fue designado por Lira como ponente.
«Votaremos urgencia y mérito, por unanimidad, de forma simbólica, para dejar bien claro que ese pequeño grupo de radicales no representa la voluntad del pueblo brasileño, no representa la democracia en Brasil”, asegura el timonel de Diputados.
Insistió en que los extremistas deben ser ejemplarmente “castigados, para que sirva de ejemplo y demostración para el mundo de que la democracia en Brasil es sólida, es firme y las instituciones funcionarán plenamente».
En la asamblea senatorial, la sesión para votar el decreto está prevista para este martes. Según el presidente en ejercicio, Veneziano Vital do Rego, aprobar la disposición es una demostración de repudio a las acciones de vandalismo.
La agencia Senado indica que la intervención está prevista en el artículo 34 de la Constitución Federal para «poner fin a grave comprometimiento del orden público» y «garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación».
De acuerdo con la Carta Magna, el decreto debe ser sometido al Parlamento.
