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Por Miguel Sánchez
Santiago/AFP
El Congreso chileno aprobó la emblemática ley de despenalización del aborto terapéutico, una iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet que ahora deberá esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para su promulgación por requerimiento de la oposición.
El Senado respaldó, el pasado miércoles, –con 22 votos a favor y 13 en contra– el informe de una comisión mixta que dirimió divergencias entre ambas cámaras del Congreso.
La medida permitirá a las mujeres interrumpir el embarazo si su vida corre peligro, han sido violadas o se declara la inviabilidad del feto, después de que el aborto haya estado prohibido en Chile en todas sus formas durante más de 20 años.
«Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuándo vivimos momentos de dolor», escribió la Bachelet en su cuenta de Twitter.
La Cámara de Diputados había aprobado la norma horas antes.
La decisión legislativa se dio en medio de la algarabía de congresistas oficialistas, ministros y movimientos en favor de esta iniciativa, pero también entre las críticas de los opositores.
«Los que hemos estado en contra del aborto tenemos el desafío como país que ninguna mujer embarazada en Chile encuentre que su maternidad es un problema», sostuvo Baldo Prokurica, senador derechista.
Pero la promulgación de la ley deberá esperar un fallo del Tribunal Constitucional (TC), conformado por 10 miembros, después de que legisladores conservadores presentaran el miércoles un requerimiento para revisar esta normativa, argumentando que atenta contra derecho a la vida consagrado en la Constitución.
«Me duele que legisladores acudan al TC y que sean 10 personas las que decidan lo que aquí hemos discutido durante más de dos años», dijo la senadora socialista, Isabel Allende.
El tribunal, que actúa en la práctica como una tercera Cámara, deberá decidir si admite el documento. A fines de agosto cambiará de presidente, y entrará en funciones uno más cercano a la oposición.
Desde 1931 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la madre o inviabilidad del feto.
Pero el dictador Augusto Pinochet, poco antes de terminar su régimen (1973-1990), penalizó este procedimiento apoyado por la Iglesia y grupos conservadores.
Violación, el gran debate
La ley regirá 90 días después de su promulgación, lo cual dependerá de la decisión del TC.
En el caso de violación, uno de los puntos más discutidos entre oficialistas y opositores, la mujer podrá acceder al aborto terapéutico solo hasta las 12 semanas de gestación.
Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse hasta las 14 semanas.
Si la niña es violada por su padre, un representante legal o un juez deberá autorizar el procedimiento, mientras que si la joven tiene entre 14 y 18 años, su voluntad debe ser informada a su representante legal o a un adulto familiar.
«Lo que hacemos es reponer la norma para las menores, que quizás es el tema más duro y más complejo, cuando hablamos de realidades donde niñas son violadas muchas veces en sus propias casas y por familiares y amparadas en el silencio cómplice de quienes debiesen protegerlas», dijo Carolina Goic, senadora y candidata a la presidencia de Chile por el partido Demócrata Cristiano.
Objeción médica
En cuanto a la posición del equipo médico que atienda a la mujer, la ley permite la «objeción de conciencia» de todos los profesionales. Los hospitales o clínicas no podrán rechazar la realización de este procedimiento.
Las pacientes también podrán acceder a un programa de acompañamiento, mediante el cual recibirán asistencia «biopsicosocial y podrán acceder a redes de apoyo, antes y después del aborto.
En el país se registran unos 30.000 abortos provocados o espontáneos, pero se estima que las interrupciones clandestinas podrían llegar a 160.000 cada año.
El debate de la ley en el Congreso no estuvo exento de suspenso, luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados se quedara a un voto de aprobarla, por lo que fue enviada a una comisión mixta que la visó el martes, un día antes de su aprobación.
La norma también significa un estímulo para la presidenta Bachelet, quien la envió al Congreso en 2015 en medio de una baja en su apoyo popular, que en dos años no superó el 30%, perjudicada por escándalos de corrupción que involucraron a su hijo mayor y a su nuera.
Los chilenos forman parte de una sociedad conservadora, al punto que tuvieron que esperar hasta 2004 para poder divorciarse, y hace dos años se aprobó un Acuerdo de Unión Civil que permite uniones de parejas homosexuales, otro gran debate de la sociedad.
