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Bogotá/AFP
El Congreso de Colombia aprobó la ley de amnistía que el gobierno calificó de «histórica» y como el primer paso para la consolidación del acuerdo de paz alcanzado a finales de noviembre con la guerrilla FARC.
«Gracias al Congreso que con votación histórica aprobó Ley de Amnistía, primer paso para la consolidación de la paz», escribió el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta en Twitter.
La normativa, aprobada el miércoles, que otorga tratamiento jurídico especial, amnistía e indulto a miembros de las FARC señalados de delitos políticos y conexos, fue aprobada en el Senado con 69 votos a favor y 0 en contra y más temprano en la Cámara de Representantes con 121 a favor y 0 en contra.
El derechista Centro Democrático, liderado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor a lo sellado, participó en los debates pero abandonó ambos recintos antes de la votación.
«Saludamos aprobación de la Ley de Amnistía, este es un paso más, en el largo camino que tenemos que transitar los Colombianos hacia La Paz», tuiteó el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño («Timochenko»).
La norma hace parte del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre por el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla del país, para superar un conflicto armado de más de medio siglo.
La ley excluye de sus beneficios a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
Según el acuerdo de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
Ahora «5.700 guerrilleros comenzarán a bajar del monte y entregar sus armas», dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, citado en un comunicado de su despacho.
El trámite en ambas cámaras se realizó en sesiones extraordinarias a través de un mecanismo de vía rápida («fast track») que permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto de paz.
«Impulso definitivo» para la paz
«Con esta decisión (los congresistas) han dado el impulso definitivo para el desarme y la desmovilización de la guerrilla de las FARC», aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la plenaria de la cámara baja.
Las FARC frenaron hace semanas la movilización de sus tropas a las 26 zonas donde deben concentrarse para entregar progresivamente las armas alegando vacíos en la situación jurídica de sus integrantes.
De hecho, este miércoles las partes aplazaron el arribo de los rebeldes a los sitios seleccionados porque la infraestructura aún no está lista. De acuerdo con el cronograma, los insurgentes debían pasar el fin de año en dichos lugares.
También sostuvieron que «a más tardar» el 30 de enero se establecerá el número de guerrilleros que no son «amnistiables, ni indultables» y a qué zonas serán trasladados.
Anteriormente otros gobiernos habían implementado la figura de la amnistía con grupos guerrilleros como los desmovilizados Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Las mismas FARC, bajo otras condiciones, también la habían recibido.
«Solución» para agentes estatales
La ley también permitirá adoptar tratamientos penales especiales para civiles y agentes estatales que hayan sido «condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado».
«Es también el instrumento que le da solución a la situación jurídica de los agentes del Estado», indicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en la plenaria del Senado.
El funcionario aseguró que esta normativa les dará una solución jurídica a unos 5.000 miembros de la fuerza pública.
Además, agregó, se espera que entre los próximos 60 y 90 días salgan en libertad provisional 1.200 de ellos por pena cumplida debido a que la justicia transicional creada en el acuerdo así lo prevé para los responsables de delitos graves que hayan cumplido cinco años de prisión.
También incluye la renuncia penal para los integrantes de la fuerza pública investigados por delitos menores.
La ley de amnistía pasará a revisión de la Corte Constitucional y, de recibir su aval, será sancionada por Santos.
