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QUITO/Xinhua
El pleno de la Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador aprobó este martes con 88 votos a favor llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos), que podría derivar en la posible destitución de su cargo.
La decisión fue adoptada tras una prolongada sesión del pleno legislativo y un intenso debate en el que intervinieron una veintena de asambleístas de diferentes partidos y movimiento políticos para dar a conocer su postura frente al juicio político.
Los legisladores votaron por una moción presentada por la asambleísta Viviana Veloz, una de las interpelantes de Lasso, y perteneciente el Movimiento Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), duro crítico de Lasso.
La moción planteaba enjuiciar políticamente al presidente Lasso “por la infracción constitucional de peculado” en un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y la privada Amazonas Tanker, para la renta de buques destinados al transporte de hidrocarburos.
El contrato se firmó en 2018 y se renovó en 2020, cuando Lasso aún no era presidente.
Si embargo, los interpelantes alegaron que Lasso, quien asumió el poder en mayo de 2021, habría permitido que se mantenga dicho contrato que perjudicaba al Estado, por lo que piden su censura y destitución.
El pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar a juicio político al mandatario, después de que la Comisión Legislativa de Fiscalización, donde durante un mes se sustanció el proceso, no obtuvo el sábado anterior los votos para aprobar un informe que recomendaba no enjuiciar al presidente.
Ahora, el siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, continúe con el trámite del proceso de juicio político previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Además, se deberá notificar de manera inmediata al presidente Lasso, con la resolución tomada en el pleno y con el respectivo expediente completo del proceso.
Esta será la primera vez en 44 años de vida democrática de Ecuador que un presidente enfrentará una posible censura y destitución ante el Poder Legislativo.
La solicitud de juicio político, que fue presentada el pasado 16 de marzo por 59 legisladores de varios partidos y movimientos de oposición al gobierno de Lasso, fue avalada por la Corte Constitucional.
Para la destitución del gobernante se requieren 92 votos, que equivalen a las dos terceras partes de los miembros del Congreso, integrado por 137 miembros.
