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Ciudad de Guatemala / AFP
El Congreso guatemalteco modificó la ley para que el gobierno ejerza mayor control a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, informó el miércoles el Legislativo, una acción considerada por activistas como mecanismo de censura y violatoria a los derechos humanos.
«Las ONG’s necesitan un marco regulatorio actual y moderno, que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos por parte de estos entes», señaló el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, integrante del partido oficial Vamos (derecha).
La modificación a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo fue aprobada la noche del martes con el voto de 81 de los 160 diputados, la mayoría de bloques derechistas.
Por su lado, la congresista Lucrecia Hernández Mack del Movimiento Semilla (centroizquierda), criticó la reforma al señalar que los cambios pretenden «la criminalización pura y dura de las organizaciones sociales y represión de la ciudadanía».
La iniciativa venía siendo discutida desde la pasada legislatura, que finalizó el pasado 14 de enero, y la aprobación final del proyecto fue introducida de forma extraordinaria en la sesión del martes.
La nueva legislación crea un mayor control estatal a las finanzas de las oenegés y da al gobierno la posibilidad de intervenirlas y disolverlas, entre otras facultades.
Este martes, el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala advirtió que la modificación a la ley «podría afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada».
El colectivo Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), por su parte, rechazó las reformas porque «viola derechos constitucionales como la organización ciudadana para el bien común».
«Esta acción de las y los diputados que integran el Pacto de Corruptos pretende limitar la labor de las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil. Busca coartar la organización social y la expresión político-social de las organizaciones sociales de Guatemala», agregó la CONGCOOP.
El decreto ley que aprueba las reformas debe ser conocido por el presidente Alejandro Giammattei, quien podrá promulgarlo o vetarlo.
