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Guatemala / AFP
Edgar Calderón
Amplios sectores de la sociedad guatemalteca están en pie de lucha para defender dos proyectos de ley sobre el aborto que se apresta a debatir el Congreso: uno que lo despenaliza para menores víctimas de violación y otro que endurece las penas por abortar e incluso criminaliza las pérdidas espontáneas.
La ley guatemalteca solo autoriza en la actualidad la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre y el debate ha movilizado a la población a favor y en contra de las iniciativas, en un país donde la derecha conservadora domina el parlamento y en el que las Iglesias católica y evangélica tienen una enorme ascendencia.
El domingo, unos 20.000 feligreses celebraron una marcha en el centro de la capital contra el proyecto de ley propuesto por el opositor partido Convergencia (izquierda) que propone que niñas y adolescentes embarazadas puedan abortar en las primeras 12 semanas de gestación si fueron víctimas de abuso sexual, algo que prohíbe la actual legislación.
Participantes de la manifestación, convocados bajo el lema «Guate por la vida y la familia», consideraron que la iniciativa legaliza el aborto sin plantear una solución para erradicar la violencia y explotación sexual.
El proyecto ya ha superado dos instancias en el Congreso, aunque es impredecible lo que puede pasar en el plenario, donde partidos conservadores tienen amplia mayoría.
En las antípodas, el diputado Fernando Linares, del opositor partido de Avanzada Nacional, presentó una iniciativa de ley que amplía las penas contra el aborto y que, según organizaciones feministas, criminaliza a las mujeres incluso por una pérdida gestacional involuntaria.
Su aprobación sería «un retroceso histórico a los derechos que hemos ganado las mujeres», dijo a la AFP Ada Valenzuela, de la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas.
La activista reivindicó el derecho de las mujeres a «decidir sobre nuestro cuerpo» y afirmó que entre 15% y 20% de los embarazos terminan con la pérdida del feto, al tiempo que advirtió que con ese proyecto se pretende incluso establecer penas de cárcel en algunos de esos casos.
– Rechazo internacional –
A las voces de rechazo se sumó la de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró que el proyecto «amplía la criminalización del aborto en el país y podría exponer a las mujeres que sufran abortos espontáneos a procesos penales, o al menos a ser interrogadas por las autoridades».
«También incluye definiciones de ‘familia’ y ‘diversidad sexual’ abiertamente discriminatorias, que contravienen derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero», agregó.
«Si el Congreso guatemalteco aprueba este proyecto, transmitirá el mensaje de que consideran que las mujeres y personas LGBT son de segunda categoría (…), la propuesta carece totalmente de sentido común, es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos», afirmó.
Además, consideró que la nueva propuesta define al aborto como la «muerte natural o provocada del embrión o feto y prevé penas de hasta cuatro años de prisión para las mujeres que tengan un aborto culposo».
«La pérdida de un embarazo puede ocurrir debido a anomalías cromosómicas del feto, edad materna avanzada o un antecedente de aborto espontáneo, todas situaciones que están fuera del control de la mujer embarazada o su proveedor médico», puntualizó.
– Identidad de género –
Los manifestantes del domingo pasado también protestaron contra un proyecto de ley que busca el reconocimiento de la identidad de género de la población transexual, que fue rechazado la semana pasada en dos comisiones del Congreso, lo que impide su tratamiento en el plenario.
«Con este dictamen, los congresistas omiten su responsabilidad de cumplir compromisos adoptados por Guatemala en el marco de tratados internacionales de derechos humanos, y perpetúa la exclusión a las personas trans», lamentó en un comunicado un colectivo de organizaciones LGBTI.
Con el dictamen desfavorable, «la población trans guatemalteca seguirá excluida del pleno goce de sus derechos ciudadanos, al no contar con un documento que les identifique en concordancia con su identidad de género», según el colectivo.
