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Por Henry Morales Arana
Ciudad de Guatemala/AFP
El Congreso de Guatemala discutirá en los próximos días el futuro del presidente Otto Pérez luego que una comisión legislativa recomendara levantar su inmunidad para que la justicia investigue su presunta participación en casos de corrupción, pharm find que en las últimas semanas han sacudido al país.
«Consideramos que es oportuno retirar la inmunidad al presidente», dijo a periodistas el titular de la comisión investigadora del Congreso, el diputado Fernando García, del opositor partido derechista Libertad Democrática Renovada (Líder).
Se busca «que sean los órganos legales, en este caso el Ministerio Público (fiscalía) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los que hagan el trabajo especializado que ellos saben hacer y determinen si es culpable o no el presidente», agregó García.
Luego de emitida la recomendación de la comisión -integrada por cinco congresistas, uno de los cuales, del gobernante Partido Patriota, no avaló la sugerencia- el Congreso deberá tomar la decisión final sobre el caso de Pérez, en una fecha aún por definir pero que se espera se fije la semana próxima.
El pasado 12 de junio, el Congreso creó la comisión luego que la justicia guatemalteca diera trámite a un proceso de antejuicio contra Pérez, tras aceptar una petición del diputado Amílcar Pop, del opositor partido Winaq, quien acusa al presidente de incurrir en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
Según la acusación, Pérez tiene responsabilidad directa en fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su gobierno y que desde abril pasado han mantenido al país en una crisis institucional.
Imagen «muy dañada»
El consultor político Marco Antonio Barahona, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), dijo a la AFP que Pérez podría continuar ejerciendo el cargo en caso de que se le levanten los fueros, pero con una imagen «muy dañada», en momentos en que enfrenta una ola de protestas masivas de indignados por la corrupción.
«Él puede seguir ejerciendo el poder, pero claro, su imagen queda bastante afectada, muy dañada», consideró el experto.
El antejuicio contra Pérez se detuvo temporalmente la semana pasada tras la presentación de recursos de amparo que a la postre fueron desestimados por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad judicial del país.
La crisis por corrupción en Guatemala comenzó el 16 de abril, cuando la fiscalía y una misión de la ONU contra la impunidad revelaron la existencia de una red de sobornos en las aduanas nacionales, dirigida por el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Salpicada por el caso, Baldetti renunció el 8 de mayo en medio de protestas masivas que también piden la salida de Pérez.
Además del fraude en las aduanas, un nuevo caso sacudió al país en mayo con el arresto de los presidentes del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado a Pérez, acusados de participar en la adjudicación irregular de un millonario contrato de medicamentos.
Los escándalos han sacado a las calles a miles de guatemaltecos para exigir la salida del mandatario, y para este sábado por la noche se ha convocado a través de las redes sociales a una marcha con antorchas, emulando las manifestaciones que se realizan en Honduras, país también conmocionado por el desvío de fondos en su Seguro Social.
Los manifestantes hondureños demandan la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, quien admitió que su campaña electoral recibió unos 94.000 dólares de los más de 300 millones saqueados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
