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Por Yemeli Ortega
México/AFP
Las siete leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México fueron aprobadas por el Congreso, pero los ciudadanos y empresarios que impulsaron la histórica iniciativa mostraban su indignación ante una ley que quedó «muy lejos» de sus expectativas.
El viernes, al concluir un periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados y el Senado finalizaron la votación de las siete leyes que buscan prevenir, detectar y sancionar la corrupción y las enviaron al Ejecutivo para su ratificación y, en su caso, publicación.
Pero en un país en el que cada año desaparecen unos 100.000 millones de dólares del erario, la polémica se desató con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, uno de los siete instrumentos del sistema anticorrupción.
En su artículo 29, esta ley que llegó al Congreso a través de una pujante iniciativa ciudadana que recolectó más de 600.000 firmas, establecía el llamado «tres de tres», es decir, que servidores públicos estarían obligados a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
Pero los legisladores añadieron: «salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales» de los servidores públicos.
«Dicen que en los detalles está el demonio y ahí está el problema», estimó Marko Antonio Cortés, coordinador de los diputados del opositor Partido Acción Nacional (PAN, conservador).
Según el legislador, el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados «se negaron» a tener una «ley con puntualidad y claridad».
«No sabemos a qué le teman», dijo a Milenio Televisión.
La legislación está «definitivamente muy lejos de la expectativa que teníamos los ciudadanos y de la exigencia de hace más de un año», dijo a la AFP Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, una de las organizaciones civiles que más lobby hizo en la redacción de la ley anticorrupción y que cifra en un 9% del Producto Interno Bruto el costo de la corrupción para México.
Para la experta, se trata de «una oportunidad histórica que se perdió», y una muestra de que «los legisladores no reconocen el nivel de hartazgo».
Pero César Camacho, coordinador de diputados del PRI, negó que la legislación fue diluida pero insistió que la cláusula de privacidad era necesaria.
«Es importante que vayamos robusteciendo un sistema que tampoco le haga año a las personas, que tampoco haga a algunos de los servidores públicos blanco del crimen organizado», dijo a Radio Imagen.
«Cada uno decidirá si se hace pública la información o no», dijo.
«Un Frankenstein legislativo»
Por otro lado, el artículo 32 especifica qué personas estarían obligadas a presentar las tres declaraciones, y aunque el objetivo eran los funcionarios, los legisladores ampliaron la norma a «cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos».
Valeriano Suárez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, un sindicato que reúne 36.000 empresas, dijo que los legisladores pretenden «que haya tantas declaraciones patrimoniales que se pierdan las de ellos».
«Si hay un hotel que le da servicio a servidores públicos, todos los empleados y proveedores de ese hotel tendrían que presentar la ‘tres de tres'», explicó a Milenio Televisión.
Pero el PRI negó que empleados deberán también publicar su patrimonio.
Para Zapata, se trata de «un texto estúpido» que será imposible de implementar y además ahuyentará la inversión nacional y extranjera.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), la legislación resultó un «adefesio, un Frankenstein legislativo (…) que significa una bofetada a la sociedad que reclama un combate frontal a la corrupción».
Zambrano pidió que «el presidente de la República haga uso de su derecho de veto».
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Pero una investigación de la secretaría de la Función Pública, cuyo titular es un cercano colaborador del presidente, concluyó que no había ningún conflicto.
