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Elder Gómez
@elder_gomez_2
No hubo los votos necesarios para ninguna de las dos legislaciones, pese a que ambos temas estuvieron durante todo el año en discusión en sus respectivas comisiones de trabajo legislativas y sometidas a las presiones de organizaciones ambientalistas para su aprobación.
Una de las principales trabas que tuvo la aprobación de la Ley General del Agua, que estuvo a punto de ser autorizada por los legisladores de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático, fue la conformación del ente administrador.
El Sector Privado, representado en el congreso por la opositora ARENA, intentó sin éxito tener mayoría en el organismo que tiene previsto administrar el recurso hídrico nacional, mientras el oficialista FMLN, propuso que sea el Estado salvadoreño el responsable.
La Ley General del Agua permanece en estudio en el congreso salvadoreño desde hace casi 10 años, pero ha sido en los últimos dos que la iniciativa ha tenido su mayor impulso.
La legislación pretende regular la explotación pública y privada del recurso hídrico nacional que, pese a que el país está situado en una zona tropical, de abundantes precipitaciones, el líquido escasea en gran parte del territorio salvadoreño.
Sumado a ello, grandes empresas explotan sin control del Estado los mantos acuíferos subterráneos para la producción industrial y comercialización del líquido en presentación embolsable.
También los parlamentarios de la oposición rehusaron ratificar una enmienda constitucional para que miles de salvadoreños tengan derecho, por ley, a la alimentación y al agua.
La reforma debió ser ratificada en la legislatura pasada, pero el tema se cayó ante la negativa de la oposición política de dar sus votos para ello, pese a haberla aprobado años antes.Con la enmienda constitucional, el Estado salvadoreño garantizaría el derecho a la alimentación y al agua a miles de salvadoreños.
Sin embargo, tal parece que ambos temas seguirán durmiendo el “sueño de los justos” en la Asamblea Legislativa, que no lograr concretar los 56 votos, de los 84 diputados que lo conforman, para aprobar la Ley General del Agua y la ratificación de la enmienda constitucional para ser de la alimentación y el agua, un derecho constitucional.
