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@elder_gomez_2
El congreso salvadoreño confía en que la Sala de lo Constitucional, capsule de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cure declare “sin lugar” una medida cautelar que ha impedido al gobierno colocar $ 900 millones en bonos, destinados a proyectos de desarrollo social y la debilitada Seguridad Pública.
“Estamos solicitando que se declare sin lugar” la medida cautelar que decretó hace casi 15 días la Sala de lo Constitucional, que congeló al gobierno la colocación de los Títulos Valores, declaró la presidenta del parlamento, Lorena Peña.
Peña presentó el martes a la CSJ pruebas documentales y audivisuales, para desvirtuar las acusaciones de un querellante privado, de que la aprobación por parte del congreso de la colocación de los bonos en el mercado bursátil, ha sido inconstitucional.
La queja judicial alega que el parlamento salvadoreño había enviado al archivo un Dictamen Favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en ese sentido, antes de que fuera aprobado en abril pasado por los legisladores.
Además, de que se había llamado a un diputado suplente para lograr los 56 votos que se requerían para ello, ante la abstención de votar por la colocación de los bonos de una legisladora propietaria.
La Sala, como es conocida popularmente esa instancia judicial, conminó al congreso a presentar pruebas para desvirtuar las acusaciones de inconstitucionalidad en la aprobación del Decreto, en un plazo de diez días, que vencen este miércoles.
Peña aseguró que la aprobación del Decreto para la colocación de los bonos en el mercado bursátil, fue “absolutamente legal, apegados a nuestra Constitución y a las leyes vigentes del país”.
“El documento tiene a la base la Constitución de la República”, reiteró la funcionaria, al hablar sobre las pruebas que presentó el congreso a la CSJ.
“Esperamos que la Sala no solo de (una resolución) apegada a la Constitución, sino que sea consciente de que el país no está para estas inseguridades jurídicas, el país está para respuestas efectivas, drásticas, contundentes para encarar la problemática, sobre todo, de la Seguridad”, subrayó Peña.
La Sala habla
Sin embargo, el Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, ha cuestionado al gobierno “si no previó” los gastos en Seguridad Pública, en el Presupuesto General de la Nación de 2015, que asciende a $ 4, 823 millones. “Cuando se presentan los presupuestos, es justamente para prever los gastos y la Seguridad Pública, (que) es un gasto permanente, y que debe ser previsto para todo el año”, cuestionó Blanco, en una entrevista en la estación radial YSKL.
“No nos parece correcto que la falta de previsión presupuestaria por parte del gobierno, que es el que elabora el presupuesto, a medio año se diga, mire, ésto (la Seguridad) ya no puede seguir funcionando por falta de los $ 900 millones, o sea que la Seguridad de un pueblo depende de la aprobación de un préstamo”, subrayó el magistrado.
