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@elder_gomez_2
El congreso salvadoreño, patient que tiene previsto aprobar este viernes una “Contribución Especial” por consumo del servicio telefónico y con el que el gobierno busca recaudar $ 140 millones al año para la seguridad pública, medicine espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tenga “voluntad” para no declararlo inconstitucional.
“Si hay voluntad de que no hayan recursos para la Seguridad, search de cualquier manera puede (la CSJ) desestimar; si hay voluntad de que se tengan recursos para combatir la inseguridad, no me cabe la menor duda (de) que no va a haber interferencia”, dijo la presidenta del
parlamento, Lorena Peña.
Peña salió así al paso de una pregunta de un periodista sobre un supuesto “juego de palabras” entre impuesto y “Contribución Especial”, y de la posibilidad de que la CSJ declare inconstitucional una eventual aprobación legislativa de la propuesta del gobierno.
La iniciativa oficial contempla que los consumidores paguen el 10 por ciento adicional de su factura por el uso del servicio de telefonía, fija y móvil, y de todos los servicios afines, así como por la compra de dispositivos relacionados, durante un período de 10 años.
La parlamentaria respondió al periodista que el impuesto al consumo de telefonía “en el pago, es el mismo, pero en el destino, no…”, tras lo cual explicó que el nuevo rédito al servicio telefónico iría a un destino con “fines específicos”, no al Fondo General de la Nación, “no hay ningún juego de palabras”.
Peña confío en que la Sala de lo Constitucional, de la CSJ, que en los últimos meses ha emitido fallos aplaudidos por unos y lapidados por otros, no declare inconstitucional el nuevo impuesto a los consumidores del servicio telefónico.
“He visto que la Sala también está consciente (del problema de inseguridad) y está participando de este gran debate, donde todos debemos concurrir con nuestro esfuerzo y para trabajar el tema de la inseguridad, como un problema integral”, subrayó.
Propuesta de GANA
Una propuesta similar fue presentada en agosto pasado al congreso por GANA, para gravar un “Impuesto de Seguridad” a un mercado telefónico de 9,5 millones de salvadoreños.
“Ellos (las empresas telefónicas) reciben millonarios montos de ganancias”, aseguró en esa ocasión el diputado de ese movimiento político de derecha, Guillermo Gallegos, quien vaticinó que con el cobro del “Impuesto de Seguridad” a las compañías telefónicas, el Estado recaudaría unos $ 15 millones mensuales.
Gallegos, no obstante, advirtió que en la nueva disposición “se debe garantizar que no se traslade (el cobro del “Impuesto de Seguridad”) a los usuarios” e invocó a la Defensoría del Consumidor (CD) para combatir eventuales irregularidades de las empresas telefónicas en ese sentido.
“Las empresas telefónicas que no quieran pagar, que se vayan del
país”, sentenció el funcionario.
El FMLN
“Estamos convencidos de que cualquier iniciativa que contribuya a generar mayores recursos para el combate a la criminalidad, es una buena medida”, afirmó el diputado por el FMLN, Misael Mejía.
“En este momento todos tenemos clara la necesidad de darle mayor respaldo, y eso implica recursos, a nuestra policía y a la Fuerza Armada”, subrayó el parlamentario.
El mercado telefónico
Las empresas telefónicas en El Salvador mantienen un mercado de líneas fijas que alcanza un millón 23 mil 78, mientras que en telefonía móvil la cifra llega a los ocho millones 485 mil 684 de usuarios, según datos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) publicados hasta 2012.
La SIGET, basada en datos proporcionados por las empresas telefónicas, detalló que el 89 por ciento de los usuarios de telefonía móvil, es decir, siete millones 558 mil 397, es del sistema prepago, y el 11 por ciento restante, o sea, 927 mil 287, forman parte del sistema postpago.
El gobierno y las empresas telefónicas mantienen desde hace varios meses un enfrentamiento vedado ante la negligencia de las transnacionales de bloquear las señales de la telefonía móvil en los 19 centros penales que existen en El Salvador.
Las autoridades han revelado que la mayoría de delitos, incluidos asesinatos, son planificados desde las prisiones por los líderes de los grupos delictivos, entre ellos las pandillas.
