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Por Henry Morales Arana
Ciudad de Guatemala/AFP
El Congreso de Guatemala evitó que el presidente Jimmy Morales sea investigado por la fiscalía y un órgano de la ONU por supuestas irregularidades en las finanzas del partido que lo llevó al poder en 2015, al rechazar que se le retire su inmunidad.
«Se declara sin lugar el antejuicio (levantar los fueros) en contra del presidente de la República, Jimmy Morales», dijo tras la votación el diputado oficialista Marco Pineda, integrante de la directiva del Congreso.
La medida requería el respaldo de 105 de los 158 congresistas. Pero, de los legisladores presentes en el acto, sólo 25 votaron a favor mientras que 104 lo hicieron en contra.
Morales de su lado celebró la resolución del Congreso y por medio de un comunicado la calificó como una muestra de «madurez democrática», a la vez que llamó a «mantener la paz, la unidad y a que se fortalezca la institucionalidad».
El pasado 25 de agosto, la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –un ente adscrito a la ONU– pidieron retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito cuando fungió como secretario general del derechista FCN-Nación, que lo llevó al poder hace dos años.
El Ministerio Público dijo en un escueto pronunciamiento que «la Fiscalía de Delitos Electorales realizará un análisis de lo resuelto por el Congreso de la República».
Antes de la decisión legislativa, una comisión especial de cinco congresistas opositores había recomendado quitar el blindaje a Morales, aunque no logró comprobar que el mandatario tuviera «responsabilidad directa y personal» en la administración de los fondos de campaña.
La comisión fue conformada luego de que la Corte Suprema de Justicia conociera el expediente y pasara el tema al Congreso el pasado 4 de septiembre.
Respiro presidencial
Durante la votación, varias organizaciones sociales y personas con tambores intentaban presionar al Congreso para quitar el privilegio a Morales, mientras otros grupos derechista respaldaban al presidente.
«¡Jimmy Morales, a los tribunales!», coreaban los manifestantes opositores frente al Congreso.
La decisión del Congreso da un respiro al presidente por la crisis política que provocó su intento fallido de expulsar del país al titular de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, a quien acusa de injerencia en asuntos internos del Estado.
La orden de expulsión, que fue frenada por la corte constitucional, provocó protestas callejeras y el rechazo internacional, debido a que el jurista colombiano encabeza con la fiscalía una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala desde 2015.
Previo a la votación, el vocero presidencial, Heinz Heimman, se valió de un extracto del informe de la comisión pesquisidora para afirmar que el proceso contra el presidente se movió presuntamente por «razones políticas».
La petición para retirar la inmunidad se hizo el mismo día que Morales se reunía en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en medio de rumores de que pediría la remoción de Velásquez como jefe de la Cicig.
«Esa debería ser la prueba reina que el honorable Congreso debería considerar», señaló Heimman.
El sábado, un emisario del presidente rechazó ante la comisión legislativa los cargos contra Morales y descargó la culpa por los errores financieros contra la excontadora del partido, quien fue despedida el año pasado y denunciada ante la fiscalía.
Blindaje al sistema
La bancada oficial estalló en júbilo al mantenerse la inmunidad a Morales, incluso ondeando banderas de Guatemala en el interior del Congreso.
Los congresistas que estaban a favor de retirársela calificaron la decisión como un «mensaje de impunidad» a la población, que esperaba, según ellos, que Morales enfrentara a la justicia ordinaria.
«El Congreso queda mal parado. Estamos mandando un mensaje de impunidad», dijo a periodistas el diputado opositor Mario Taracena, miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza (socialdemócrata) y expresidente del Parlamento en 2016.
El analista y exministro del Interior, Carlos Menocal, indicó a la AFP que mantener la inmunidad al presidente se traduce en una protección del sistema de partidos políticos para evitar investigaciones por financiamiento ilegal, uno de los principales focos de corrupción, según la Cicig.
«El sistema político en general se blindó a sí mismo», afirmó Menocal.
Morales, de 48 años, ganó la presidencia en 2015 en medio de una convulsión política por la renuncia del gobernante Otto Pérez, tras ser acusado por la fiscalía y la Cicig de encabezar una red de defraudación fiscal en la aduanas.
El mandatario era popular por su trayectoria como comediante en la televisión y su ascenso electoral se debió al rechazo popular a los políticos tradicionales.
Ahora enfrenta una baja aprobación al no cumplir su promesa de accionar duramente contra la corrupción.
