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Guatemala / Prensa Latina
Con un amplio dispositivo de seguridad y protestas de organizaciones civiles y campesinas, el Congreso de Guatemala ratificó el lunes el estado de sitio decretado por el Gobierno para seis departamentos y 22 municipios.
La medida, anunciada por el presidente Jimmy Morales el miércoles último tras incidentes violentos en el municipio de El Estor, Izabal, fue aprobada en un tercer debate, pues la falta de quórum impidió pasarla de urgencia nacional.
Morales anunció las restricciones de algunos derechos constitucionales a raíz de la muerte de tres soldados en Semuy II, en circunstancias aún no claras y sin recabar mayor información sobre los hechos, donde resultaron heridos tres campesinos de acuerdo con testigos de la comunidad.
Desde el jueves pasado se inició el debate en el Hemiciclo con llamados a que el estado de excepción no implique un cheque en blanco para compras por parte del Ejecutivo, de ahí que con 85 votos se adicionó el artículo 5 bis, denominado normas para eventos de adquisición pública.
En este piden al presidente un informe circunstanciado relativo a los recursos empleados en el marco del estado de sitio, las entidades responsables de su ejecución y logros alcanzados.
Los congresistas prohibieron al gobierno la contratación de obra pública y responsabilizaron a la Contraloría General de Cuentas como fiscalizadora.
Esta tercera sesión, como las dos anteriores, comenzó retrasada por ausencias y con un ingrediente adicional, las calles y avenidas cercanas al Hemiciclo fueron cerradas por miembros de la Policía Nacional Civil ante la intención de grupos de manifestantes de llegar a la sede.
Los inconformes consideran exagerada la respuesta de Morales, sin antes tener un informe completo de las causas del suceso por parte del Ministerio Público y los pobladores del lugar, considerado de alto grado de conflictividad por el despojo sistemático de tierras por parte de empresas extractivas.
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos de las comunidades indígenas de las zonas en estado de sitio, sus líderes serán nuevamente los más perjudicados, pues el Ejército contará con todo el poder para encarcelar y perseguir a quienes defienden su derecho a la tierra.
Tanto en El Estor como en las otras comunidades afectadas es visible el avance de la producción de palma africana, hidroeléctricas y minería sin consultar el parecer de las comunidades que allí habitan y son afectadas.
