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Tegucigalpa/AFP
El Congreso de Honduras tiene previsto votar este martes en secreto para elegir a los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia, diagnosis luego de que la falta de acuerdo entre los partidos impidiera su elección la víspera.
Los legisladores llegaron hasta el final de la noche del lunes con la discusión del tema sin alcanzar la mayoría calificada de 86 votos, de los 128 integrantes, requerida para escoger a los jueces del máximo tribunal para el período 2016-2023.
El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, convocó al plenario para las 4:00 de la tarde, hora local, de este martes para «iniciar la votación bajo el mecanismo secreto y directo que señala la Constitución».
Los jueces de la Corte Suprema son escogidos por el Congreso de un listado de 198 juristas, depurada previamente por un organismo de 13 instituciones privadas y públicas.
En el Congreso unicameral de Honduras ninguno de sus siete partidos cuenta con una clara mayoría, lo que obliga a hacer alianzas para votar.
El líder del izquierdista partido Libertad y Refundación, el expresidente Manuel Zelaya, criticó la lista de candidatos al máximo tribunal y aseguró que «la votación está viciada, esperamos que en otro proceso similar podamos elegir jueces probos y capaces».
Igualmente, el presidente del partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, aseguró que «de los 15 magistrados nominados, solo cinco son honrados».
El analista político y académico Víctor Meza, exministro del Interior de Zelaya, fustigó que «la actual Corte Suprema es una vergüenza» porque supuestamente se ha prestado para el juego político del presidente Juan Orlando Hernández.
Recordó que en 2012, cuando Hernández presidía el Congreso, destituyó a cuatro de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte por rechazar al menos ocho de sus iniciativas políticas. En su lugar designó a abogados afines.
Esa determinación provocó fuertes reacciones de la oposición que desde entonces acusa a Hernández de pretender continuar en el poder en un segundo periodo consecutivo en los comicios generales de 2017, pese a que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución de 1982.
Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado en 2009 por impulsar una reforma constitucional que abriría la puerta a la reelección.
