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@elder_gomez_2
El congreso salvadoreño inició el lunes una discusión por imponer un tributo a la Seguridad Pública a la Gran Empresa, advice cuyas ganancias sean superiores a los $ 500 mil, bajo la advertencia de la derecha de que ello afectaría el empleo y el costo de la vida en este empobrecido país.
Legisladores de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, donde han ido a parar otras propuestas similares, debatieron sobre la factibilidad de imponer el tributo a las grandes compañías que, mediante subterfugios legales, como el programa “Responsabilidad Social Empresarial”, evaden el pago de millones de dólares al fisco bajo la sombrilla de una mínima ayuda comunitaria.
La iniciativa es una de dos que ha presentado a la Asamblea Legislativa la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), en un intento por encontrar una salida al problema de las casi caducadas
arcas del Estado, que ha emprendido la titánica labor de conseguir recursos económicos para combatir la inseguridad social que envuelve a El Salvador desde principios de los 90.
GANA también ha propuesto el cobro de un impuesto a las millonarias ganancias de las empresas telefónicas, que controlan un mercado de más de 9,5 millones de usuarios, tanto de telefonía móvil como fija, según la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
“No podemos seguir con una política de gravar más a los que tienen menor capacidad económica”, dijo, al respecto, el legislador del oficialista FMLN, Víctor Suazo, quien reiteró que “los que tienen más, que paguen más”.
“Estamos hablando de grandes contribuyentes de más de $ 500 mil”, insistió el vicepresidente y congresista de GANA, Guillermo Gallegos, impulsor de ambas propuestas.
Gallegos propuso sin éxito la creación de un Comité para administrar los eventuales recursos que se adquieran del impuesto a las grandes compañías que, a juicio de la presidenta del parlamento salvadoreño, Lorena Peña, “no son más de ocho”.
El Jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce, reconoció que la propuesta de GANA “es un insumo importante” para conseguir recursos financieros para el combate de la galopante delincuencia que azota a esta nación centroamericana.
Sin embargo, recordó que su partido político ha propuesto al parlamento dos iniciativas más, una para gravar impuestos a los Casinos, y otra para la creación de un “Bono de Solidaridad Ciudadana”, de entre $ 5 dólares a $ 10 mil, que los salvadoreños podrían adquirir de manera voluntaria, de acuerdo a su capacidad económica.
Sobre gravar impuestos a los Casinos, que no tributan al Estado, Ponce vaticinó que el gobierno podría lograr entre “40 ó 50 millones (de dólares)”.
“Cuánto están recibiendo los delincuentes por las extorsiones, es más de lo que el gobierno necesita”, reflexionó el parlamentario.
El desempleo
La opositora ARENA, por su parte, advirtió que de imponer tributos a las grandes empresas, muchas de ellas evasoras del fisco, éste sería trasladado a la mayoritariamente pobre población salvadoreña, y también que éstas reducirían su personal.
La parlamentaria por ARENA, Milena Calderón de Escalón, detalló que de “impactar con un nuevo impuesto (a las grandes empresas) nos preocupa
el número de empleos… Cuando hay impuestos, quien sufre es el que se queda desempleado”.
Suazo respondió a la advertencia de la parlamentaria que “sus argumentos están basados en la ilegalidad”.
“El impuesto – dijo, por su lado, la legisladora Ana Vilma de Escobar, también de ARENA -, no se va a quedar en la Gran Empresa, ese impuesto se va a trasladar”.
El Estado salvadoreño ha anunciado que requiere de más de dos mil millones de dólares para echar a andar un complejo plan, denominado “El Salvador Seguro”.
