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@elder_gomez_2
El congreso salvadoreño se encuentra inundado de propuestas para conseguir recursos para combatir la inseguridad, sales que van desde un impuesto a todo lo relacionado a las telecomunicaciones, hasta el descuento escalonado de salarios a empleados y funcionarios del Estado, del que los legisladores han guardado silencio.
La tormenta de propuestas se desató desde la semana pasada, cuando el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén gestionó gravar el 10 por ciento a los servicios de telecomunicaciones, incluida la compra de dispositivos relacionados a éstas, para recoger recursos para impulsar un plan integral de combate a la inseguridad pública.
La iniciativa oficial, que no ha contado con el respaldo político y social esperado, pasó la semana pasada a los anaqueles de la estratégica Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para su estudio y análisis, aunque el panorama pinta de que no será avalada por nadie, salvo por los legisladores del oficialismo.
Desde entonces, los cinco partidos políticos representados en el parlamento salvadoreño, han presentado al congreso un torrente de propuestas con los mismos fines, aunque con el cuidado de no afectar el bolsillo de la mayoritariamente empobrecida población salvadoreña, la que más participa en procesos eleccionarios. Además del impuesto al servicio telefónico y conexos, como Internet y uso de cable, ahora se amenaza con imponer cárcel a los evasores del fisco, mayoritariamente onerosos empresarios, que han evadido o minimizado el pago tributario al Estado, principalmente, con la farsante “Responsabilidad Social Empresarial”, que les reduce grandemente las tributaciones, a cambio de un mínimo servicio o ayuda comunitaria.
El oficialista FMLN, responsable de la propuesta, pretende encarcelar hasta por ocho años, sin derecho a fianza, a los salvadoreños que evadan o utilicen artimañas para eludir las tributaciones a las flacas arcas del Estado.
Los Casinos, que al inicio de su funcionamiento fueron duramente
criticados por empresarios y políticos de dudosa reputación, también han entrado al ruedo del cobro de un impuesto para adquirir recursos para el combate de la inseguridad en este país centroamericano. Aunque la iniciativa, presentada esta semana por el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN), parece no contar con los votos del resto de partidos políticos, que consideran que lo recaudado no pasaría de unos cuántos miles de dólares. El mismo PCN presentó el jueves otra propuesta para conseguir recursos para el fortalecimiento de la Seguridad Pública, como la que el Estado venda “Bonos para la Seguridad Ciudadana”, una especie de Títulos Valores con escalonados réditos quinquenales.
El plan consiste en crear bonos con denominaciones que van desde los $ 5 hasta los $ 10 mil, durante un plazo de 10 años, lo que, según los cálculos de los “pecenistas”, dejaría al Estado unos $ 200 millones al año.
Otros partidos políticos, como la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), han abogado sin éxito porque el impuesto para la Seguridad Pública, sea cobrado a las millonarias ganancias de las empresas telefónicas, que tienen un mercado de más de 9,5 millones de teléfonos, fijos y móviles, en El Salvador.
Como balde de agua fría
Pero la que ha dejado callados a 83 de los 84 diputados del congreso, ha sido la propuesta de Rodolfo Parker, el único congresista por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de pedir a sus colegas y funcionarios del Órgano Ejecutivo y Judicial, una “contribución económica especial” para el combate de la delincuencia. La iniciativa contempla el descuento del 3 por ciento del salario de aquellos funcionarios o empleados del Estado que tengan sueldos de entre $ 1,500 a $ 2,000, y de esa cantidad a $ 2,500, con un 5 por ciento, y de $ 2,500 a $ 3,000, con un 7 por ciento, y de $ 3,000 en adelante, una “contribución especial” del 10 por ciento, explicó el legislador.
La iniciativa “pedecista” causó revuelo entre empleados y legisladores del congreso, quienes comenzaron a hacer números de sus gastos si es aprobada la propuesta de Parker. De hecho, un legislador, al ser consultado sobre el asunto, anunció que consultaría con su familia el asunto, por los gastos mensuales presupuestados que tiene para su grupo familiar.
ARENA, por su parte, se ha dedicado a presentar propuestas de fiscalización de los recursos que el Estado pueda recibir de cualquier iniciativa.
