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El congreso no aprobó anoche una propuesta del gobierno para endurecer las penas contra quienes asesinen funcionarios vinculados con la Seguridad Pública, tadalafil incluidos policías y fiscales, a la espera de una decisión fiscal sobre el asunto.
Los legisladores decidieron a última hora, durante su Sesión Plenaria, retener la propuesta oficial de reformar un artículo del Código Procesal Penal, para acortar de siete a dos meses los procesos penales contra quienes atenten contra la vida de policías, fiscales y funcionarios judiciales, entre otros.
La enmienda presentada el miércoles al congreso por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, también contempla enviar de inmediato al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en el centro del país, a los que asesinen funcionarios vinculados con la Seguridad Pública, mientras se investigan los hechos.
El Fiscal General, Luis Martínez, quien llegó el miércoles al congreso para sostener encuentros con diputados de las comisiones de Seguridad Pública y de Hacienda y Especial del Presupuesto, reveló a la prensa que ha pedido al parlamento un plazo de ocho días para estudiar la propuesta presentada por el Ejecutivo.
El funcionario dijo al respecto que los ocho días que ha solicitado al congreso para aprobar la iniciativa del Ejecutivo, servirán para “evaluar el alcance y ver si la medida que están proponiendo es correcta”.
Martínez se quejó porque el gobierno “no habían consultado a la Fiscalía (sobre la reforma) y hoy, a última hora, presentan ese proyecto”.
“Lo único que les he pedido (a los diputados) es que tengan paciencia, vamos a colaborar, vamos a aportar, como siempre lo hemos hecho”, dijo el funcionario.
Martínez, sin embargo, dijo al gobierno que “tenemos que tener una planificación, una coordinación de las instituciones del Estado, porque no podemos ir improvisando medidas”. Ernesto Angulo, legislador por ARENA, advirtió que el Fiscal General “tiene hasta el próximo martes” para presentar sus sugerencias u observaciones a la propuesta de endurecer penas a los asesinados de funcionarios de Seguridad Pública, como los policías y miembros del Sistema Penitenciario.
Guerra contra el Estado
Lara había dicho por la mañana, cuando presentó la propuesta al congreso, que “no podemos permitir que se atente contra las instituciones del Estado” y que la propuesta del gobierno, cuando sea aprobada, será implementada “a corto, mediano y largo plazo para llevar paz y tranquilidad a la población”.
Enrique Valdez, también de ARENA, dijo que su partido político apoyará la iniciativa del gobierno, porque “nos parece fundamental el endurecimiento de las penas…para que regrese la paz y la tranquilidad, para que nuestros ciudadanos no abandonen sus viviendas”.
El parlamentario salió así al paso de la fuga de varias familias de un popular condominio en Mejicanos, norte de San Salvador, que tuvieron que abandonar el martes sus apartamentos por amenazas de pandilleros.
Algunas de las familias que huyeron del asedio de los pandilleros han huido hacia zonas fronterizas, tal como lo comprobó Diario Co Latino a través de una llamada telefónica con una de las familias afectadas.
$ 44 millones a Fiscalía
El congreso también se dispone a aprobar un préstamos por $ 44 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para unificar las operaciones administrativas de la Fiscalía General en un solo edificio.
Los legisladores de todos los partidos políticos representados en el parlamento salvadoreño han dado su beneplácito al préstamo, que deberá ser aprobado por mayoría simple, es decir, por 43 votos y, luego, por mayoría calificada, o sea, 56 votos.
La diputada por ARENA, Carmen Elena Calderón de Escalón, anunció que su partido político apoyará la aprobación del préstamo del BCIE, luego de que el proyecto sea discutido en el seno de esa formación política de derecha.
Lorena Peña, del oficialista FMLN y presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del congreso, anunció que el próximo lunes esa instancia legislativa someterá a estudio el estado de una serie de préstamos destinados a proyectos de desarrollo social y económico.