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Elder Gómez
@elder_gomez_2
El congreso salvadoreño se dispone a aprobar este miércoles una Ley de Probidad, view que elimina la presunción del delito de enriquecimiento ilícito y suprime a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Pleno, ailment la facultad de diligenciar ese delito.
La nueva legislación, estudiada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, incluso la mañana del miércoles, será aprobada sin los votos de los 35 legisladores de la opositora ARENA, quienes han cuestionado algunos artículos de la legislación.
ARENA, incluso, anunció el martes su retiro de la discusión de la legislación por su inconformidad por la eliminación del precepto “presunto enriquecimiento ilícito”, y porque supuestamente se suprime la facultad de la Corte en Pleno de diligenciar ese delito.
Además, la nueva legislación transfiere a la Sala de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la competencia de abrir procesos por presunto enriquecimiento ilícito.
“Con ARENA o sin ARENA, vamos a aprobar la Ley”, anunció la legisladora por el FMLN, Jackeline Rivera, tras asegurar que ha habido por parte de ARENA “una tergiversación de la información”.
“Quieren asustar con el petate del muerto a la gente, de que nosotros estamos haciendo una Ley sin dientes, (y) eso es una falsedad”, afirmó la parlamentaria.
La legisladora explicó al respecto que el precepto de “presunto enriquecimiento ilícito” se encuentra plasmado en la Constitución Política de 1983 y que los argumentos de ARENA “son injustificados”.
“La Ley opera para el futuro, no sé si ARENA teme de que se investigue el pasado… (porque) la oportunidad de recuperar los bienes está vigente, por la Ley de Extinción de Dominio”, advirtió, tras recordar que los legisladores de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, aún no han abordado el punto de una eventual retroactividad en la aplicación de la legislación.
Lo que dice ARENA
El legislador por ARENA, René Portillo Cuadra, por su parte, calificó la decisión de eliminar la “presunción de enriquecimiento ilícito” como una “maniobra inescrupulosa” para convertir, supuestamente, la Oficina de Probidad, de la CSJ, “en una oficina receptora de declaración patrimonial”.
Portillo Cuadra afirmó que la Ley de Probidad ha sido convertida en “una oficina receptora de declaración patrimonial… secuestrando de esta manera de que en nuestro país se combata realmente la corrupción”.
“La ley es un traje a la medida” del oficialismo, criticó, y cuestionó el hecho de que sea la Sala de lo Civil la que decida los delitos de enriquecimiento ilícito.
Antonio Almendariz, diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN), declaró sentirse “sorprendido” por la decisión de ARENA de retirarse del proceso de estudio de la Ley de Probidad.
El parlamentario explicó que las razones por las cuales los legisladores de la instancia legislativa habían decidido trasladar los procesos a la Sala de lo Civil, fueron la saturación de trabajo de la Corte en Pleno y del resto de las dependencias de ese Órgano de Estado.
Almendariz, incluso, detalló que de dejar los procedimientos como permanecen en la actualidad, instancias foráneas podrían enviar personas “como táctica” para denunciar a funcionarios o particulares por presunto enriquecimiento ilícito.
