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El congreso salvadoreño difiere con el Fiscal General, prostate Luis Martínez, cure y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por una resolución judicial que permite al Ministerio Público la captura, sin haber sido desaforado un diputado del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), acusado del presunto delito de “lavado de dinero y activos”. Los congresistas de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales tildaron al Fiscal General de actuar de manera “ilegal” al haber pedido a un tribunal capitalino, el mismo martes en que los legisladores discutían el problema, la captura del parlamentario suplente, Wilver Rivera. Además, los diputados catalogaron la controversial Sala de lo Constitucional, de la CSJ, de actuar de manera “dolosa” al realizar “cambios de facto” a la Constitución Política creada en 1983 por sectores de la derecha salvadoreña, tras un “golpe de Estado” en 1979. La CSJ emitió la semana pasada una sentencia a favor de la diputada por ARENA, Ana Vilma de Escobar, quien había pedido un amparo al máximo tribunal de Justicia del país para recuperar su fuero legislativo, luego de que el congreso se lo quitara para que enfrentara un proceso legal por “calumnia y difamación con publicidad reiterada” interpuesto por el ex presidente Mauricio Funes. Sin embargo, los Magistrados incluyeron en su resolución a Rivera al opinar que éste, por ser diputado suplente, no necesita ser desaforado para ser procesado judicialmente por el delito que la Fiscalía le imputa y por su presunta relación con un narcotraficante, enjuiciado en un tribunal de San Salvador. Los parlamentarios de la instancia legislativa se basaron en preceptos constitucionales para iniciar “a la brevedad” el proceso de Antejuicio contra Rivera, luego de que el Pleno Legislativo decidiera, hace una semana, crear una Comisión Especial, tras una petición de Martínez para ello.
Sin embargo, tras la resolución de la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía presentó el viernes pasado al parlamento una petición de anulación de su solicitud de antejuicio contra Rivera y ha girado órdenes a la Policía Nacional Civil (PNC) para que capture al parlamentario, cuyo paradero hasta ahora es desconocido.
“Si la Fiscalía desiste (para desaforar a Rivera), no opera de pleno derecho”, exclamó la parlamentaria oficialista, Jackeline Rivera, quien fue designada la semana pasada Secretaria de la Comisión Especial de Antejuicio que procesará legislativamente a Rivera, cuya esposa e hijo están en prisión.
La parlamentaria afirmó que Martínez se ha hecho un “exceso” de sus atribuciones, al haber una “interpretación discrecional” de la resolución de la polémica Sala de lo Constitucional.
La legisladora advirtió que si Rivera es procesado en un tribunal sin haber sido desaforado por el congreso, “puede ser llamado a hacer suplencia” en el Pleno Legislativo, “es absurdo imaginarse que el fuero puede interpretarse en tiempo”, dijo.
Guillermo Gallegos, diputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), indicó que la actitud del Fiscal de pedir la anulación del antejuicio contra Rivera, “pudo ser debido a una mala interpretación”, tras advertir que una eventual aprehensión del parlamentario del PCN, sería “un acto ilegal bajo la ley”. “Vamos a continuar con la Comisión Especial, mientras no se diga lo contrario”, advirtió el congresista, tras anunciar que ésta comenzará sus funciones la otra semana. Rafael Jarquín, diputado suplente por el PCN, acusó a la Sala de lo Constitucional de haber “atropellado el debido proceso como les ha parecido, lo han hecho sistemáticamente en contra de todos, aquí nadie se ha salvado”. Además, dijo que los Magistrados de la CSJ “han actuado de manera dolosa, haciendo subterfugios”. Martínez, sin embargo, en su cuenta de Twitter, dijo el martes que “algunos políticos” tienen “frustración por mi independencia política y autonomía”.
