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Yaneth Estrada
@caricheop
El Salvador conmemoró 30 años del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) aprobado el 17 de noviembre de 1988. Un instrumento jurídico único, de carácter vinculante a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vigila su ejecución y avances de los 20 países firmantes, de los cuales 16 ya fueron ratificados o adheridos.
Los derechos económicos, sociales y culturales forman parte de los derechos humanos, nacen de la dignidad humana y son, por ende, inherentes a la persona. Sin embargo, en todos los sistemas internacionales, el avance en cuanto a la regulación y protección de los mismos ha sido sensiblemente menor que el de los derechos civiles y políticos, de ahí la necesidad de establecer un marco normativo y óptimo.
Al evento, realizado en la capital salvadoreña y organizado por el gobierno salvadoreño junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron convocados los Estados parte del protocolo, organismos
especializados en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y académicos, y distintos actores interesados en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
También contó con la presencia de expertos del Comité Europeo de Derechos Sociales para exponer las experiencias en ambos sistemas regionales de derechos humanos.
Avances importantes
En su participación, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén destacó que “durante las últimas tres décadas adquirimos experiencias y capacidades que nos han permitido enfrentar grandes desafíos en materia económica y social, y avanzar en el cumplimiento de los objetivos que dieron vida al Protocolo de San Salvador, ratificado por 16 de los 35 países miembros de la OEA”.
El Salvador ratificó este protocolo en 1995 con el compromiso de garantizar los derechos al trabajo, derechos sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derecho al medioambiente sano y el derecho a los beneficios de la cultura con sus consiguientes derechos
transversales.
En este sentido, El Salvador presentó dos informes: el primero referido a las medidas adoptadas para asegurar derechos como la seguridad social, la educación y la salud, y el segundo en el que se exponen los avances relacionados con los derechos laborales y sindicales y a un empleo digno, así como el disfrute de un medioambiente sano, la alimentación y el acceso a la cultura.
“Hemos avanzado en la calidad y cobertura del sistema educativo, gracias a iniciativas y programas nacionales como la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, la capacitación de los docentes, la entrega gratuita en la enseñanza pública de los útiles escolares, uniformes y zapatos, la alimentación de los estudiantes, entre otros”, destacó el
Mandatario.
Asimismo, consideró importante el Programa Nacional de Alfabetización implementado desde el 2009, declarando 90 municipios libres de analfabetismo. En materia de salud, la ampliación progresiva de la cobertura y la prestación integral de los servicios médicos de forma oportuna y gratuita, el cumplimiento de derechos medioambientales, a través de iniciativas como la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), y culturales, con la creación del Ministerio de Cultura.
