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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las comunidades de Chalatenango conmemoraron este 14 de septiembre, con una caminata al cerro Los Urbina, del municipio San José las Flores, la primera victoria sobre las empresas mineras en El Salvador.
Durante este año, la conmemoración adquiere una mayor importancia debido a la presencia de empresas mineras multinacionales como Titan Resources en San Isidro Cabañas, que ha sido denunciada a través de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM).
El cerro Los Urbina fue el escenario de masacres contra la población durante la guerra en la década de los 80s; recientemente, también lo fue del conflicto entre las empresas mineras extranjeras que buscaban explotar el oro de las montañas, y las comunidades organizadas a proteger el medio ambiente.
En los primeros años de la década del 2000, la empresa canadiense Au-Martinique obtuvo concesiones de exploración minera por parte del gobierno salvadoreño, que abarcaba los municipios de Nombre de Jesús, Potonico, San José Las Flores, Nueva Trinidad y Arcatao en Chalatenango.
Au Martinique buscó el apoyo de las organizaciones comunitarias ofreciendo empleos, proyectos de desarrollo para las comunidades y crecimiento económico para todos, pero se encontró con un movimiento social unificado junto a concejos municipales e iglesias que se movilizaron por varios años, para frenar la instalación de proyectos de extracción minera en el territorio.
En 2005 las comunidades de Chalatenango celebraron la retirada de la empresa Au Martinique del territorio con la primera peregrinación hacia el cerro Los Urbina, para construir el altar a la Virgen de la Resistencia, como una forma de preservar la memoria histórica de la lucha anti minera.
A partir de la lucha de las comunidades de Chalatenango, organizaciones territoriales como CCR y CRIPDES, fueron parte de la fundación de la MNFM y se volvieron un referente clave de movilización social a nivel nacional para lograr la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada de manera unánime por la Asamblea Legislativa en el año 2017.
Entre los años 2014 y 2017, las comunidades organizadas de Chalatenango también lideraron una campaña para declarar cuatro municipios de Chalatenango, Arcatao, San José Las Flores, Nueva Trinidad y San Isidro Labrador, como territorios libres de minería a través de consultas populares vinculantes bajo el Código Municipal.
A pesar de la gran victoria contra las empresas mineras alcanzada por la ley de prohibición minera del año 2017, el Estado salvadoreño tiene deudas pendientes que resultaron de los compromisos adquiridos a partir de la aprobación de la ley.
Las organizaciones sociales de Chalatenango aglutinadas bajo CCR, CRIPDES y la MNFM expresaron su preocupación que el gobierno de Nayib Bukele además de no cumplir la normativa intenta derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
Asimismo, consideraron que la adhesión del gobierno salvadoreño al Foro Intergubernamental de Minería Sostenible, la introducción de la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, y la adjudicación de fondos del presupuesto de la nación para reformar la Ley, son medidas innecesarias en un país donde la minería metálica está prohibida.
La MNFM exigió la libertad inmediata y definitiva para los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, quienes han sido referentes de la lucha anti minera en el departamento de Cabañas, su detención es un acto de criminalización orientado a desmovilizar comunidades organizadas, ante una eventual derogación de la prohibición minera.
“Pedimos que se cumpla con las demandas de las organizaciones ambientales a partir de la prohibición minera de 2017, tales como el cierre técnico y remediación ambiental de los 15 pasivos mineros identificados por el Ministerio de Economía a lo largo del país; transición del sector de minería artesanal a actividades económicas que no sean dañinas al medio ambiente”, expresó.
Otras de las peticiones de las organizaciones aglutinadas en la MNFM es, que el gobierno salvadoreño respete la prohibición de la minería metálica e implementar políticas orientadas a garantizar la sustentabilidad ambiental del país; además, que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y penalice a empresas que tienen vinculación con la actividad minera, pues está prohibida en el país.
