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Con el objetivo de conmemorar el XIX aniversario de la Ley Penal Juvenil, thumb la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Unidad de Justicia Juvenil, realizó un foro que permitió un análisis de la adecuación de la institucionalidad del sistema de justicia penal juvenil, el cual aún representa un reto para la sociedad y el Estado salvadoreño.
El Foro denominado “La Adecuación Institucional del Sistema de Justicia Penal Juvenil”, enmarcado en el XIX aniversario de la Ley Penal Juvenil, permitió que se reunieran los principales actores para discutir sobre los avances de la vigencia de la Ley Penal Juvenil, desde 1994 hasta la fecha.
Al evento se hizo presente el director General de la Academia Nacional de Seguridad Publica (ANSP), Jaime Martínez, quien recalcó la importancia de programas sociales que el Estado debe poner al desarrollo de la niñez y la adolescencia, lo que califica de una política preventiva contra la delincuencia.
La Ley de Penal Juvenil fue emitida por la Asamblea Legislativa el 27 de abril de 1994, y tienen como principal objetivo el de regular los derechos del menor, a partir de la aplicación de principios rectores y medidas aplicables al menor que cometiere infracción penal.
Para las autoridades de la CSJ, es importante resaltar el trabajo de los funcionarios e instituciones en el tema de justicia juvenil, como entes responsables del tema; sin embargo, aseguran que existe una corresponsabilidad por parte de la sociedad salvadoreña y el Estado.
“En este foro el planteamiento temático obedece al hecho precisamente de que las leyes, una vez vigentes, no cambian la realidad; las legislaciones establecen no solo mandatos para los ciudadanos o para las personas sujetas de aplicación, sino también para los funcionarios y las personas que están vinculadas a responsabilidades concretas de las instituciones”, expresó Óscar Alirio Campos, coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil.
Asimismo, Campos explicó que la implementación de la Ley no es la única solución a la delincuencia juvenil, sino que es importante la creación de la Política Criminal de Prevención a la Delincuencia Juvenil, como también otras políticas que ayuden al proceso de la delincuencia juvenil.
“Hay otras políticas como la Política de Protección Integral, que ya está existente y necesita desarrollarse; hay políticas también en el ámbito del reconocimiento de derechos y los deberes de prestación positiva, que tiene que ver con derechos de salud y educación que deben ser garantizados por el Estado”, agregó el coordinador.
El Artículo 127 de la Ley Penal Juvenil establece la creación de una política de prevención de la delincuencia juvenil, el cual es un mandato institucional, la cual serviría para establecer lineamientos para la prevención de la delincuencia juvenil.
El Foro contó con la participación de magistrados, jueces de la jurisdicción penal juvenil, jueces especializados en el área de la niñez y la adolescencia, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y representantes de instituciones del sector público, como el ISNA y el CONNA.
