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Luis Arnoldo Colato Hernández
Las elecciones estadounidenses que ahora vemos, son mínimamente inéditas por la serie de hechos que reúne: la pandemia, su manejo, la crisis financiera, el racismo, las protestas generalizadas, la política exterior y doméstica, etcétera, evidenciando condiciones históricas particulares en el seno de una fracturada sociedad estadounidense.
Ya semanas antes de las elecciones, la ciudadanía se abocó a ejercer su voto por medio del correo, como de modo diferido, para evitar las concentraciones de personas el día 3, con los consecuentes contagios que ello supondría, en el país más castigado por la pandemia.
Tal ejercicio, sin embargo, ha dado pie desde la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5, a crecientes cuestionamiento por la transparencia del sistema, que derivara el mismo miércoles en enfrentamientos entre la ciudadanía y la policía en locaciones como New York y Portland, que a su ves provocara que la guardia nacional comenzara a desplegarse por los objetos contundentes y cortopunzantes que se habrían recuperado de las personas detenidas.
Cabe subrayar que la mayoría de las protestas son fustigadas desde el Ejecutivo, cuyo cuestionamiento al proceso es parte de una estrategia dirigida a provocar la intervención del supremo, basado en supuestas irregularidades que suponen un fraude electoral cometido por la oposición demócrata, que fuera descartado por las autoridades electorales desde siempre y que es ignorado por los activistas conservadores que habrían intentado asaltar algunos colegios electorales en Michigan (CNN), demandando detener el conteo de votos, sumándose a ello las amenazas por llevarlas al supremo, donde la mayoría republicana asegura el triunfo para la actual administración.
¿Pero, en que se traduce ello para América Latina y nuestro país?
La crisis que apreciamos en la alta conflictividad en que ha degenerado el proceso electoral estadounidense, es cruda evidencia de la decadencia y descomposición terminal del modelo neoliberal, donde por ejemplo el número de personas en situación de calle se incrementa exponencialmente sin más respuesta de parte de las autoridades que la de generar medidas legales para expulsarlas; o el caso de diversos grupos armados que apelando al derecho a portar armas, con un discurso racista, xenófobo, disperso y vacío, sin dudar se declaran en rebeldía ante las autoridades federales porque sí, evidenciando el descrédito de las mismas pero también que la creciente disidencia carece de un norte político para sus demandas.
Tales hechos se proyectan en la política impuesta por la actual administración a América Latina, en la que el marco legal es menospreciado y solo útil para remover políticos indeseables para el conservadurismo, lo que ha degenerado en un quinquenio dominado por las arbitrariedades de los sectores pudientes respaldados por Washington, derivando en más conflictividad que no pocas veces amenazo conflictos entre naciones vecinas.
Es decir; al debate judicial que podría promoverse, vería emerger un vencedor sin mayoría electiva [recordando las elecciones de 2000], desnudando sin pudor el agotamiento institucional estadounidense, donde se decidiría respondiendo a los intereses que financiaron el proceso, mientras se anula la voluntad soberana, confirmando así lo insustancial del modelo democrático estadounidense.
