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Luis Armado González
Cuando desde la esfera pública se toman decisiones que impactan en la colectividad lo verdaderamente importante son las consecuencias sociales objetivas de esas decisiones. En particular, estas últimas son más relevantes cuanto mayor sean sus repercusiones negativas, es decir, cuanto más daño social provoquen. Puede sonar tirado de los pelos suponer que haya decisiones tomadas en la esfera pública (estatal-gubernamental) que puedan provocar daño social, pero una mirada desapasionada al pasado y al presente de los ejercicios del poder indica, por todas partes, que eso no es ni infrecuente ni extraño.
Aunque choque con las sensibilidades humanistas, la historia está plagada de experiencias en las cuales los gobernantes –traicionando el precepto de Maquiavelo de que el príncipe sólo legitima su poder si hace felices a los gobernados— han causado, con sus decisiones, infelicidad en los habitantes de sus naciones.
Por otro lado, no se trata aquí de si se simpatiza o no con quienes gobiernan: amor ni odio no quitan conocimiento. Tampoco se trata de si las personas afectadas están de acuerdo con serlo: cabe dudar de tal cosa, pero, aunque así lo fuera, la afectación que padecen sigue estando ahí, impactando realmente en sus vidas y las de sus familias. Por último, recurrir al argumento de que “otros en el pasado también causaron daño” es un pésimo recurso: la misma condena a los abusadores del pasado aplica a los abusadores del presente[1]. En fin, lo importante son los efectos reales, objetivos, de las decisiones que se toman desde el poder público.
Y, en el caso de El Salvador, desde la esfera pública se han tomado (y se están tomando) decisiones que han impactado (y están impactando) negativamente a grupos sociales significativos. Así, el cierre de 2024 fue escenario de un proceso de supresión de plazas en el sector público que dio lugar al subsiguiente proceso de despido de quienes las ocupaban. La cifra de las personas despedidas hasta este momento no ha sido divulgada, pero se añade a la de quienes han perdido sus empleos desde 2019.
En conjunto, conforman un grupo social afectado por decisiones en las que estuvieron ausentes los criterios de bienestar social, dignidad y derechos humanos. A este grupo social se suma otro grupo social también afectado por decisiones emanadas de la esfera pública: los comerciantes informales desalojados del centro de San Salvador, los cuales de un día para otro se quedaron sin la opción de vida que habían construido durante más de tres décadas.
Una sociología menos desencaminada que la que existe en el país estaría metida de lleno en el estudio de estos grupos sociales, comenzando con la contabilización de sus integrantes. Es una gran pérdida para el análisis sólo contar con aproximaciones gruesas sobre el número de integrantes de esos colectivos sobre los que está recayendo el peso de decisiones que han puesto en jaque sus ingresos, bienestar familiar y tranquilidad psico-emocional.
Para los despidos recientes en el sector público, por ejemplo, se tiene como referencia la supresión de plazas en el sector, anunciada en el Presupuesto de la República 2025: unas 9 mil plazas. Y, para el sector informal, algunos datos sumamente cualitativos indican que ha habido entre 3 mil y 5 mil puestos removidos en el centro de la capital. Si nos quedamos con la cifra más baja en este último sector y lo sumamos a las 9 mil plazas suprimidas en el sector público, y traducimos eso en personas afectadas, en total son unas 12 mil.
Pero el cálculo no debe quedarse acá; es preciso usar el “número de Montes”, es decir, el número promedio de vínculos sociales (efectivos, familiares) que tiene una persona y que determinan los efectos sociales inmediatos de lo que a ella le sucede. Montes dijo que ese número era de 4 o 5 personas. Si nos quedamos con 4 y se las multiplica por 12 mil se está hablando de alrededor de 50 mil personas afectadas negativamente por decisiones emanadas de la esfera pública.
Se está, así, ante una situación crítica de carácter social que, como se acaba de decir, requeriría de estudios sociológicos de enjundia. ¿Por qué? Porque son situaciones como esas las que marcan las dinámicas sociales que, manifestándose de mil maneras –y a veces de forma subterránea—, configuran los derroteros reales de la sociedad.
Cabe insistir, para terminar, en que no se trata aquí de simpatías o antipatías. Ni de si la gente afectada está de acuerdo con serlo. Ni si otros hicieron lo mismo en el pasado o lo harán en el futuro. Aquí y ahora, objetivamente, un grupo social significativo de salvadoreños y sus familias están padeciendo daños a nivel individual y familiar. Por razones éticas, en primer lugar, no se debería hacer oídos sordos a su situación, pero también, en segundo lugar, por razones sociológicas: cuando grupos sociales significativos son afectados en su bienestar y felicidad, es casi imposible que la conflictividad, el caos y la anomia no broten por doquier, creando grietas sociales que después se hace difícil reparar.
Sé que hay quienes prefieren volver la vista hacia otro lado, como si nada grave estuviera pasando en el país. Sus motivos tendrán. Pero, definitivamente, su actitud es contraria a los preceptos mínimos de responsabilidad cívica. Atrincherados en sus burbujas de fantasía, bastantes de ellos prefieren presumir de títulos académicos (“doctoreándose” a diestra y siniestra), diplomas, reconocimientos y su manejo de las más recientes aplicaciones de la Inteligencia Artificial (AI), que según ellos nos hará –nos guste o no— más inteligentes (pero no superinteligentes, pues eso es atribución exclusiva de la IA), despreocupados y felices.
San Salvador, 10 de enero de 2025
[1] Un argumento parecido se usa para rechazar las críticas de los que se oponen a la extracción minera, a quienes se les dice: “todo el mundo lo hace, menos nosotros. Por eso lo vamos a hacer”. Pues bien, aparte de ese dudoso “todo el mundo lo hace”, el repudio social a la extracción minera, en naciones que la tienen, aplica también para la extracción minera en naciones que se suman a la lista.
