Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El representante del Movimiento de Empleados Despedidos del Gobierno Central, Héctor Rodríguez quien fue cesado de su plaza en una de las secretarías derogadas con el nuevo Gobierno, dijo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) manda en la última resolución a que se presenten estudios técnicos para la supresión de plazas.
“El Consejo de Ministros en pleno debe nuevamente sesionar y mandar las justificaciones y los estudios técnicos que llevaron a la supresión de las plazas”, aseguró Rodríguez este miércoles, en el programa Conversando de Radio Maya Visión.
El representante de los despedidos dijo que ellos han solicitado esos estudios técnicos. “El secretario jurídico y el ministro de Trabajo (Rolando Castro) fueron a la Asamblea Legislativa a pedir la derogatoria y los diputados pidieron estas justificaciones y no existen”, aseguró.
“Hoy tenemos que acudir al Instituto de Acçceso a la Información Pública(IAIP) porque dicen que tiene reserva de ley, y lo cierto es que hoy cuentan con diez días para evidenciar que siguieron un debido proceso; caso contrario, la Sala deberá de ordenar medidas cautelares en favor de los trabajadores”, explicó Rodríguez.
Si ese fuera el caso, agregó, se ordenaría de inmediato el reinstalo de los cesados. Afirmó que para ellos esto sería de mucho beneficio, porque no se revisaría caso por caso sino que se aplicaría a los 736 trabajadores que quedaron sin empleo, luego que se les aplicara el artículo 21 del Reglamento Interno del Ejecutivo.
Hasta hoy, el máximo tribunal no emitió medidas cautelares y los despedidos tienen esperanzas de que en el camino el órgano Judicial pueda hacerlo, a fin de garantizar posibles sentencias. Ellos habían pedido derogar el artículo 21 pero no fue posible.
El gobierno del presidente Nayib Bukele eliminó la Secretaría Técnica de la Presidencia, la Secretaría de Inclusión Social, la de Gobernabilidad, Anticorrupción y Transparencia, y la de Vulnerabilidad, estas tres últimas creadas durante los dos gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Rodríguez comentó que han tenido mucho apoyo de varias instituciones, como la Procuraduría General de la República (FGR) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entre otras, que les han ayudado a presentar amparos, aun cuando se quejó del “cómplice silencio” de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, según dijo.
La resolución de la Sala de lo Constitucional estudia la demanda presentada por los trabajadores por la presunta violación al principio de reserva de ley, al derecho a la estabilidad laboral, al derecho de audiencia, todos estos contenidos en varios artículos de la Constitución de la República.
Los casos se han estado presentando de manera individual, aseguró Rodríguez, quien informó que se han ganado 13 reinstalos y hay 70 más que están en estudio. No obstante, han habido problemas, por lo que se ha pedido hace dos semanas a la Sala de lo Constitucional, que le establezca plazo a la Presidencia de la República para que reinstale a los despedidos.
“Es una situación bastante engorrosa porque ya tenemos un poco más de un mes que salió el amparo, justo cuando nosotros lanzamos el movimiento de despedidos el 5 de septiembre, justo ese día sale la resolución y desde ese día no hemos logrado que la Presidencia cumpla”, denunció.
Rodríguez señaló que los despedidos cada vez se están llenando de más mora para pagar sus casas y otros compromisos económicos, y el proceso para recuperar su empleo hasta hoy ha sido engorroso, porque el sistema es adverso a los derecho de los trabajadores.
En la admisión de la demanda, la Sala señala que revisará si, como afirman los peticionarios, el Consejo de Ministros violó la estabilidad laboral de los empleados públicos, la cual aclaran los magistrados, no es un derecho absoluto.
