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Por Blanca Morel
Managua/AFP
La oposición nicaragüense fue despojada de sus escaños en el Parlamento por una disposición del tribunal electoral, lo cual permitirá al partido del presidente Daniel Ortega afianzar su control del aparato estatal, según analistas.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) destituyó el viernes a 28 diputados (16 titulares y 12 suplentes) de la oposición alegando el desacato a la dirigencia del derechista Partido Liberal Independiente (PLI) bajo cuya bandera fueron electos en 2011.
Los diputados destituidos respondían al liderazgo del diputado Eduardo Montealegre, quien el pasado 8 de junio perdió la dirección del PLI, principal fuerza de oposición, por un cuestionado fallo judicial.
Dicha resolución de la Corte Suprema, controlada por el oficialismo, entregó el mando de la agrupación a Pedro Reyes, un político desconocido e «incondicional» del presidente Ortega, según sus opositores.
Los diputados separados de sus cargos fueron sustituidos por otros afines al nuevo líder del PLI.
Los destituidos se negaron a someterse al mandato de Reyes, quien pidió al CSE que les retirara sus credenciales amparado en una reforma constitucional del 2014 que obliga a los legisladores a quedar bajo la égida de su partido, bajo riesgo de perder su condición de diputados.
La decisión del CSE también dejó fuera del Parlamento a los dos diputados del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS-centro izquierda), un grupo que ha ejercido fuerte oposición ante Ortega en los últimos 10 años.
«Esta destitución es un nuevo zarpazo para liquidar por completo el pluralismo político y hacer desaparecer las voces opositoras en el parlamento» que han denunciado «los abusos de poder de Ortega», protestó el MRS en un comunicado.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua consideró que la decisión de despojar de su condición de diputados a representantes electos por profundiza «la crisis política e incertidumbre que vive el país»
«Panorama tétrico»
Con la medida del tribunal electoral, el gobernante Frente Sandinista quedó aún más con el control del Parlamento, que era el único poder del Estado en el que la oposición tenía representación.
El Congreso, de 91 escaños, quedó conformado ahora por 63 diputados sandinistas, dos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) afines al gobierno, 24 del PLI allegados a Reyes y dos independientes.
«El panorama es tétrico aquí, ya se borró la última apariencia de democracia», lamentó Pallais, quien afirma que, con esta medida, «Ortega quiere mandar un mensaje de fuerza de que está dispuesto a pasarle la cuenta al que se le oponga».
«En Nicaragua ya se ha desmantelado la vida democrática», coincidió el exvicecanciller y disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco, quien vislumbra el establecimiento de «una dictadura».
A juicio del MRS, Ortega está dejando clara su intención de instaurar un «proyecto de régimen de partido único» que amenaza a todos los nicaragüenses que no se alineen al oficialismo.
La bancada opositora destituida emitió un comunicado en la que calificó lo sucedido como «la demolición del último bastión de institucionalidad democrática y el Estado de derecho porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional.
Los ahora excongresistas urgieron a la comunidad internacional a observar la situación de la democracia en Nicaragua y adoptar acciones para restituir las elecciones libres, participativas y con observadores.
Los cambios en el parlamento se producen a casi tres meses de las elecciones generales de noviembre, en las que Ortega, líder del izquierdista Frente Sandinista, busca ganar su tercer mandato sucesivo, el cuarto desde la Revolución Sandinista (1979-90).
Ortega anunció que no permitirá la observación internacional en las elecciones.
