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Iván Escobar
Colaborador
Profesionales que trabajan en las áreas jurídicas, transparencia y la investigación periodística coincidieron que el proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que está en manos del Congreso salvadoreño, carece de transparencia y solo contribuye a un oscuro período que vive El Salvador.
Los profesionales compartieron sus valoraciones en torno a la elección de segundo grado que la Asamblea Legislativa aún no concreta.
Durante el Conversatorio sobre la importancia del proceso de elección de magistrados a la CSJ, organizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Acción Ciudadana, el IDHUCA y DPLF, las cuales promueven la transparencia en la función pública. Lamentaron a la vez que esta elección ha sido la más oscura, desde la actual administración gubernamental que ha incidido en las decisiones que toman los dos órganos del Estados (Asamblea y Corte).
Francisco Díaz, abogado y ex miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); Gabriela Mundo, Oficial de programa senior para Centroamérica de DPLF; y César Fagoaga, periodista y director de la Revista Factum, opinaron que la elección está dejando en claro una total falta de transparencia, y ausencia de debate.
Gabriela Mundo añadió que similares situaciones se viven en países como Guatemala y Honduras, en donde hay normativas, para ejecutar estos procesos, pero al final impera la complicidad y las decisiones bajo la mesa.
Díaz, como ex miembro del CNJ, una de las instancias responsables de la selección de aspirantes a la CSJ, cuestionó el proceso que está siendo maniobrado por el partido oficial desde el Congreso donde son mayoría absoluta.
“Lo que tenemos actualmente es una mera pantomima”, expresó con desencanto en cuanto al proceso que hasta hoy se tiene, y que va en contra de la normativa o la reforma que se hiciera en 1992, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, y terminó en aquella ocasión, con la elección “de dedo” y poco transparente que se hacía desde el Congreso.
“No podemos esperar nada de este proceso de selección…ni del proceso que se hizo de parte de los abogados”, cuestionó.
Por su parte, César Fagoaga, quien además es ex-presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), dijo que lo que se había logrado luego de la firma de la paz, y la cierta independencia entre órganos del Estado, en los últimos años ha quedado atrás.
“Lo que antes se tenía, que era el sistema de pesos y contrapesos, no queda nada”, insistió, y reiteró que “en 3 años pasamos a perder lo poco que se tenía de independencia judicial”, en referencia a que con la llegada del actual gobierno, en 2019 comenzó una debacle en el Estado, a nivel de centralizar todo el poder en la Presidencia de la República.
Recordó, además, que la nueva legislativa, con presencia alta de diputados de Nuevas Ideas, llevó a la destitución de los magistrados de la entonces CSJ, en mayo de 2021, y a poner lo que él define como “empleados” de Casa Presidencial en la máxima autoridad del órgano judicial.
También, en agosto de 2021, se da un segundo momento oscuro, con la decisión de cambiar a los jueves “y ponerlos a la medida del partido de gobierno…poniendo personas genuflexas al poder, regresamos a tiempos antes de los Acuerdos de Paz”, enfatizó.
Un tercer momento para centralizar el poder en el Ejecutivo sobre los demás órganos e instituciones, indicó el periodista fue la decisión de reducir el número de diputados, y lograr así tener la mayoría absoluta en el Congreso, “para tener una Asamblea a favor de la familia Bukele”, precisó.
En este contexto, los profesionales piden al Congreso desarrollar un proceso tal y como lo expresa la Ley, y evitar que las asociaciones de abogados manipulen o trastoquen el proceso, y lo que creen más importante garantizar la participación ciudadana y transparencia a fin de que este tipo de elecciones no sean oscuras o a favor de ciertos grupos de poder.
Para estas organizaciones que trabajan por la transparencia, toda elección de funcionarios de segundo grado, deben ser transparente, y abierta a la ciudadanía, y remarcaron a la población que el no contar con instituciones independientes pone en riesgo la defensa de sus derechos, el órgano judicial debe estar en función de defender los derechos de la ciudadanía, aseveran.
