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Madrid/dpa
El Senado español dio hoy luz verde a las medidas acordadas por el Gobierno español para tratar de frenar el desafío independentista en Cataluña en el marco de un mecanismo hasta ahora nunca utilizado en España: el artículo 155 de la Constitución.
Éste ofrece la posibilidad de que el Ejecutivo central actúe sobre una región para hacerle cumplir la ley, algo que Cataluña dejó de hacer al celebrar el 1 de octubre un referéndum soberanista pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
El artículo indica simplemente que el Gobierno puede “adoptar las medidas necesarias” para “obligar” a una Comunidad Autónoma “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones y a la protección del interés general, por lo que deja un amplio margen de actuación.
En el caso de Cataluña, el Ejecutivo español de Mariano Rajoy acordó la destitución del Gobierno regional al completo y la convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses. Además, propuso limitar las competencias del Parlamento catalán para que la Cámara no pueda proponer un candidato a la presidencia del Ejecutivo ni celebrar un debate o votación de investidura.
Las medidas fueron enviadas el Senado, que durante esta semana las debatió de cara a su aprobación, que se produjo hoy con 214 votos a favor -el 81 por ciento de la Cámara-, 47 en contra y una abstención. El Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría en la Cámara alta parlamentaria y contó con el apoyo del Partido Socialista (PSOE) y del liberal Ciudadanos.
“No hay alternativa. Lo único que se puede, y además se debe hacer, es acudir a la ley precisamente para hacer cumplir la ley”, dijo hoy Rajoy al pedir al Senado que aprobase las medidas de su Gobierno.
“Lo que amenaza hoy a Cataluña no es el artículo 155, sino la actitud del Gobierno de la Generalitat (Gobierno catalán). De lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un artículo constitucional, sino de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales”, añadió.
El artículo 155 de la Constitución Española de 1978 está inspirado en la Ley Fundamental de Bonn alemana de 1949. Otras Cartas Magnas de diversos países incluyen mecanismos similares para suspender o disolver órganos de gobierno regionales en caso de incumplimiento de deberes.
