Isaac Bigio
Politólogo e historiador
Solo gracias a la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) es que el exdictador peruano Alberto Fujimori no fue excarcelado, pero ahora el expremier izquierdista Guido Bellido coincide con los fujimoristas en que el Perú debe retirarse de dicho tribunal.
Fujimori a una cárcel común
Cuando la CIDH paralizaba el proceso de liberación de Alberto Fujimori, varios de sus asociados, como Jorge Montoya, demandaron que nuestro país se salga de ese organismo que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos en todo el continente. Los fujimoristas están furiosos, pues fue revertida una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), al cual controlan y con el cual saben que pueden tener la palabra final en cualquier proceso judicial que les convenga.
El veto de la CIDH al TC le ha puesto en ridículo internacional. El TC ha quedado desnudado como un ente al servicio incondicional del fujimorismo. La mayor parte de sus magistrados han llegado a sus puestos con el voto de congresistas fujimoristas y su Presidente (quien dirime toda votación) ha tenido un cargo político durante la dictadura, donde Keiko Fujimori fue primera dama, es el principal sobreviviente de la última plancha presidencial que postuló Cambio 90 (el partido que llevó a Fujimori al poder y con el que este impusiera su autogolpe y tiranía) y tiene intereses en varios monopolios que han apoyado a Fuerza Popular (FP).
La CIDH es un garante para impedir que jueces peruanos deshonestos, muchos de los cuales llegaron a hacer carrera cuando Fujimori purgó al Poder Judicial, puedan seguir favoreciendo a la corrupción y a los abusos a los derechos humanos. Además, hay que apoyar su planteo de supervisar que el extirano cumpla su sentencia y que se cumpla inmediatamente lo prometido por el Premier Aníbal Torres de trasladar al reo más caro del Perú desde una «cárcel dorada» (que cuesta el equivalente del salario mínimo de 70 trabajadores), a una prisión normal, como en la que se encuentra su ex lugarteniente Vladimiro Montesinos.
Bellido y Montoya contra la CIDH
Sin embargo, Bellido acaba de llamar a que el Perú pueda dejar la CIDH. Él tuiteó»..es necesario evaluar la posibilidad del retiro de la CIDH para plantear pena de muerte en delitos de violación sexual de menores, sicariato y corrupción». El expremier no planteó esto en un contexto relacionado con Fujimori, sino como reacción al «monstruo de Chiclayo» quien secuestró, torturó y violó a una niña de 3 años. Muchos sectores populares piden la muerte al violador, cosa que se le pudiese dar si él cayese en manos de una turba, rondas o, incluso, de presos indignados.
Al inicio de su tuit Bellido correctamente escribió «Exigimos cadena perpetua como sanción para el violador de menores de edad.» Esto último es la pena máxima que se aplica en el paìs, incluso para asesinos en masa, y, en ciertos casos, se puede pedir que varios presos paguen los perjuicios ocasionados, además, prestando trabajos de reparación civil.
Ya antes el Perú ha tenido la pena de muerte. El 12 de diciembre de 1957 fue fusilado Jorge Villanueva , acusado de ser el «monstruo de Armendáriz» que violó y asesinó a un niño de 3 años en Barranco. Villanueva fue sindicado como culpable únicamente por el testimonio de una persona que pensó que él fue el asesino debido a que tenía un dedo torcido, al igual que el criminal. Hasta el momento de llegar al paredón, Villanueva siempre juró ser inocente. Aún hoy, no existe un 100% de certeza que él fuese el infanticida. Quien llegó a ser el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, luego se mostró en contra de la pena capital por posibles «errores judiciales».
La pena capital no solo que puede ser aplicada por error, sino que no evita más crímenes. Es más, puede hacer que estos se tornen más usuales y violentos. Mientras que en Reino Unido y varios países europeos no hay sentencia de muerte y hay relativamente pocos asesinatos en las calles, en EEUU hay una gran violencia callejera, pese a que en varios de sus Estados se electrocutan condenados.
A pesar de que Bellido puede haber mostrado una legítima indignación ante el violador de una menor de edad, él es un político profesional que ha llegado a ser el Presidente del Consejo de Ministros, y, como tal, debe evaluar todos los efectos de una propuesta. En este caso, su ataque al CIDH le cae como anillo al dedo a Montoya y a todos los demás antiguos allegados de Montesinos.
Cualquier intento fujimorista de aprovecharse del drama de la chiclayanita violada para querer que el Perú rompa con la CIDH sería pura hipocresía tendiente a querer eliminar al principal obstáculo para liberar al exautócrata. Keiko ha sido protectora y socia política del fugado juez César Hinostroza, a quien se le descubrió que negociaba perdonar a violadores de menores de edad. El principal periodista fujimorista es alguien a quien el propio Jaime Bailey ha denunciado por abusar sexualmente de muchos adolescentes desamparados.
«Fujicerronismo»
El principal cuadro que ha tenido Perú Libre en el gabinete Torres, Héctor Condori, quiso sobrevivir en la cartera de salud piropeando al médico personal de Fujimori, Alejandro Aguinaga, y luego mostrando estar a favor de acatar el fallo del TC para liberar a Fujimori. Pero la derecha trató a esas concesiones como un «chiste de condorito». Al final, Condori quedó como el ministro que menos votos haya sacado ante un proceso de remoción del cargo.
Guido ha quedado mal guiado cuando a la oposición le ha dado guiños. ¿De qué le valió abrazar a Maricarmen Alva tras que ella evitó ser censurada por una moción presentada por un miembro de su propia bancada? Más bien, dividió a PL y alentó a la golpista a seguir complotando. ¿Qué logró Bellido siendo Premier cuando obligó al canciller Héctor Béjar a renunciar a 19 días de haber jurado a su cargo? ¿Por qué, en vez de haber presentado un voto de confianza amenazando al Congreso a gastar su «bala de plata», lo sacó a Béjar y, con ello, alentó a la derecha a su táctica de presionar para sacar cada semana a un ministro? ¿Por qué abandonó su propia promesa electoral de remover a la embajada de EEUU y a la DEA, para luego llevarse excelente con estas, la OEA, el FMI y el BM, y renovar el acuerdo USAID? ¿Qué ganó al mantener al mismo Presidente del BCR, al modelo monetarista neoliberal, al TC y a la constitución de 1993 que tanto llamó a rechazar durante las elecciones?
Pese a reclamarse «marx-leninista», Bellido mantuvo congelados los salarios y su partido nunca ha buscado entroncarse en los sindicatos. Tanto él como PL coincidieron con el fujimorismo votando contra el gabinete de Mirtha Vásquez (integrado en su mayor parte por sus antiguos ministros y siguiendo una similar orientación). Al quedar resentido por haber sido puesto fuera del gabinete, Bellido empezó a atacar a Castillo por no ser de izquierda y PL acusaba a Torres de haber sido fujimontesinista. Solo un día antes del voto por la primera vacancia, PL se pronunció en contra, tras haber amenazado con no hacer ello. Sin embargo, cuando a PL le dieron 2 ministerios, apoyó a Torres e incondicionalmente a su nuevo Gabinete.
Diversos medios constantemente hablan de una superconvivencia fujicerronista. Esto, debido a las bancadas de FP y PL coinciden, además del voto contra el segundo Gabinete que tuvo Castillo, en favorecer a universidades privadas contra la SUNEDU, en afectar a los fiscales anticorrupción al modificar la colaboración eficaz o en reducir multas a políticos que incumplan con presentar reportes de gastos.
Bellido puede rechazar ese mote y constantemente hacer discursos radicales y antifujimoristas. Él ha logrado convertirse en un congresista que despierta simpatías en muchos sectores por hablar en quechua o saber responder con sarcasmo a periodistas y políticos derechistas. Sin embargo, Bellido mismo se hace daño a sí mismo y al pueblo que quiere representar con posiciones inconsistentes y giros permanentes.