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“La administración del presidente Donald Trump destinará 6 millones de dólares, para financiar la permanencia de los 238 enviados al CECOT”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El abogado Enrique Anaya cuestionó bajo qué base legal el gobierno salvadoreño tendrá a los presos enviados por Estados Unidos y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), pues en el país no hay ninguna ley que lo autorice.
“Aquí en El Salvador, la Constitución no autoriza que el Estado salvadoreño pueda recibir presos de otros países. Los funcionarios sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta y autoriza; no pueden hacer como que fueran cosas propias y digan ahí tenemos espacio en la cárcel, te alquilemos y cobremos”, indicó.
Explicó que Estados Unidos para enviar los 238 supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, recurrió a una ley creada hace más de 200 años, utilizada por última vez hace más de 80 años en la Segunda Guerra Mundial, cuando el país norteamericano mantenía una guerra con Japón.
Asimismo, dijo que Donald Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Públicos como excusa para la expulsión de estas personas, pero la situación se agrava cuando un juez federal ordenó regresar el avión que las trasladaba a El Salvador, aunque la Casa Blanca lo ha negado aparentemente incumplió una orden federal, lo cual en Estados Unidos es grave.
“En El Salvador no hay ninguna base legal para esto, Estados Unidos por lo menos fue a sacar del gavetero una ley de hace 200 años, pero aquí nos genera una múltiple situación irregular que motiva muchos vacíos legales”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
Anaya reiteró que no existiendo ninguna base legal, se desconoce si esas personas están en el CECOT bajo la jurisdicción de Estados Unidos o El Salvador. Al estar bajo la autoridad estadounidense, las autoridades deberán hacer caso a los jueces del país norteamericano, pero de estar con la jurisdicción de El Salvador, que es donde físicamente están las personas, qué jueces llevarán los casos.
“Los han mandado como bultos, como paquetes, hay un montón de vacíos, por ejemplo, si alguno de estos reos se suicida, quién de estos presidenciales va responder, o si se escapa del CECOT, quién es responsable, la jurisdicción estadounidense o la salvadoreña; El Salvador se está arriesgando a tener demandas internacionales”, destacó.
A criterio del abogado, también se desconoce si estos 238 vienen en condición de no juzgados, por las declaraciones de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, 101 personas son migrantes, es decir, aparentemente sólo habían violentado la ley entrando ilegalmente a Estados Unidos.
Señaló que tampoco se ha hecho público el supuesto memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno de Estados Unidos y El Salvador para recibir a estas personas, en ese documento deberían estar todas las reglas, sin embargo, de existir ese convenio sería totalmente ilegal porque no tiene base jurídica.
“Lo dice Maduro, cuál es la base legal para que estas personas estén detenidas en El Salvador, sino han sido juzgadas por un tribunal salvadoreño, quién va a decidir la libertad de uno de ellos, porque si se llega a la determinación que son migrantes quienes han pasado de manera irregular a Estados Unidos, él (EE.UU) le da como la potestad a Bukele de que diga si sale o no”, externó el abogado.
Presidente Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, por el maltrato cruel, la injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a trabajadores migrantes en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal de este país.
“Nayib Bukele, esto es legal, es justo hacerle esto a un ser humano, sólo porque es migrante venezolano, o porque tiene un tatuaje con la foto de su madre, con una flor”, expresó Maduro.
Una venezolana reconoció a su hijo entre los enviados a El Salvador, aseguró que no pertenece a la banda criminal El Tren de Aragua, lo único que hizo fue abandonar Venezuela en 2019 bajo una crisis económica y entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Washington busca acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, la decisión establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en EE.UU y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
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