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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
Abogados constitucionalistas advirtieron sobre el irrespeto a la institucionalidad del país, en la que estaría cayendo el presidente de la República, Nayib Bukele con una serie de medidas tomadas en sus primeras semanas del ejercicio del poder.
“Este señor presidente debe de saber que hay instrucciones dentro de la Constitución de la República: la presunción de inocencia, toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario; el principio de igualdad: todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser objeto de discriminación alguna bajo ninguna consideración”, manifestó el abogado Rogelio Canales, en entrevista en radio Mayavisión.
El presidente Bukele ha separado de la Policía Nacional Civil(PNC) al exministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y al exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, a quienes acusa de haberse lucrado con fondos de las tiendas que funcionan en los penales, a través de la Asociación ASOCAMBIO.
Otra de las instituciones que no están siendo respetadas es la del debido proceso, dijo Canales, donde el Estado garantiza a cada persona que se defienda ante cualquier cuestionamiento en su contra.
“Hay que darle oportunidad a la gente que se defienda, de que se le escuche su posición y se de aplicación a ese principio constitucional de que nadie puede ser despojado de sus derechos sin antes haber sido oído y vencido en juicio”, añadió Canales.
Al presidente también se le cuestiona el despido de más de seiscientos trabajadores del Estado, entre ellas, personas discapacitadas y mujeres en estado de embarazo, según denuncias.
La abogada María Silvia Guillén califica como “tremendamente injusto” las acciones contra los exfuncionarios de seguridad pública y centros penales, porque “sin ninguna investigación” ni confirmación de las acusaciones “se trastocaron drásticamente los principios constitucionales de la presunción de inocencia”.
Guillén añadió que debe garantizarse además el núcleo de las libertades que fueron ganadas tras los acuerdos de paz, para que los ciudadanos puedan expresarse libremente sin coacción alguna de parte del Estado.
“Hacer que la democracia y la paz verdadera se construya en El Salvador pasa porque el núcleo de las libertades se respeten, porque ha sido una ganancia de este pueblo”, manifestó la abogada.
Guillén también advirtió que la violación a la institucionalidad puede traer consecuencias para el país, en el caso de incumplir tratados internacionales.
“Cuando un funcionario llega a tomar posesión de su cargo, lo primero que tiene que hacer es empaparse de todas las reglas del juego: la Constitución de la República, pero también los tratados internacionales”, sugirió la abogada.
