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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Hace apenas unos días conocimos que nuestro gobierno ha presionado al FMI para no hacer pública su lectura sobre el desempeño financiero del GOES.
Sobre el tema y en diferentes ocasiones, la banca multilateral advirtió al gobierno sobre las pobres posibilidades para el país al invertir en activos digitales, lo que se cumpliera con las reiteradas pérdidas de valor de los activos comprados desde que se inició el emprendimiento, con apenas un alza en los últimos días, en el mercado internacional.
Por otro lado, y al menos en dos diferentes ocasiones, el gobierno ha sido señalado por la dirección de la oficina de DDHH de las NU, como de otras entidades dedicadas al tema de la protección de los DDHH, pronunciándose precisamente por el desproporcionado número de vejámenes cometidos contra los más elementales derechos de la ciudadanía, que van desde maltratos y amenazas, hasta asesinatos en detención del estado con crudos y evidentes signos de violencia, en al menos 200 muertos cuyo statu legal no se había definido, pero que el fiscal general considera “…no deben sorprendernos…” pues por otro lado implica, esos detalles admiten enfrentar efectivamente a la delincuencia.
Hay que acotar que las medidas represivas adelantadas por el régimen, que golpean principalmente a las clases populares, cuyo efecto además ha sido usado políticamente para mantener a raya a la disidencia, sin tocar o apenas amenazar los delitos de cuello blanco, no han sido acompañadas con las medidas subsidiarias necesarias dirigidas a atacar las causas generadoras estructuralmente de la violencia, por lo que, en definitiva, la violencia sencillamente mutará.
Estos ejemplos, sumados al autogolpe dirigido contra del poder judicial, o la negación de información para meterla en el oscuro saco de la seguridad estatal por 7 años, sumada a la sistemática anulación de la institucionalización y el retorno del presidencialismo duro ejercido mediante la más descarnada mitomanía cleptócrata del mismo y su círculo, ha derivado en una desmedida corrupción con paralelos solo en las gestiones de arena, promoviendo la creciente militarización de la sociedad y el restablecimiento de un estado policíaco, incluida escuchas telefónicas y persecución política dirigida en contra de intelectuales, académicos, políticos y gremios profesionistas además de sindicatos y grupos de opositores en general.
En materia social, derechos de la mujer, del adulto mayor, salud, educación e infraestructura, hemos sufrido extraordinarios recortes y, en consecuencia, en los años transcurridos de esta gestión, anulado de paso todo diálogo fuera del oficialismo, mientras esté reproduce literalmente lo que el ejecutivo dicta, sin interpretarlo.
Añadamos el manejo arbitrario de la cosa pública con el solo propósito de beneficiar al poder económico además del círculo presidencial.
Y ahora nos imponen la reelección, alegando que no es posible resolver los males estructurales en una sola gestión, pasando por alto que la gestión en cuestión virtualmente no ha producido beneficios fuera del tema de seguridad, además de desinformar, generar desempleo y desaparecer empréstitos.
Y nada más.
No, se impuso el fascismo, y deberemos ahora hacer maromas cívicas para recuperar la institucionalidad.
