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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El periodista José Luis Funes, ex Cónsul de El Salvador, en Milán, Italia, fue trasladado al Consulado en Tenosique, del Estado de Tabasco, México, en octubre de 2015, presuntamente debido a su capacidad.
Funes reconoce que su traslado fue asumido con responsabilidad y dedicación, alegando que el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, no se equivocó en tomar la decisión, porque ha mostrado vocación de servicio, sensibilidad social, apertura al dialogo, cercanía y contacto permanente con los connacionales que transitan por México y por la firme convicción de servir.
Pese a ello, Funes denunció que al ser trasladado ha encontrado graves violaciones a sus derechos laborales, como la reducción de sueldo, “sin mayores detalles, consideraciones o explicaciones, lo que afectó mi economía familiar”, escribe en la renuncia pública.
“Señor Canciller, esta es la última comunicación de mi persona como representante de mi país con ustedes ya que jamás recibí respuesta alguna ante las graves violaciones a mis derechos laborales, en materia jurídica esto tiene nombre – silencio administrativo-(…) por lo que me he visto obligado a tomar la decisión de renunciar oficialmente”, agregó.
En su denuncia, afirma que el traslado respondió a un castigo, situación que no comprende porque fue asumido para él, “Señor Ministro Martínez, quiero decirle que ha sido penoso para mi, darme cuenta que la apuesta al tema migratorio por parte de nuestro gobierno, representado por usted y la Viceministra, les es totalmente indiferente, estas Agencias Consulares existen en sus mentes únicamente cuando quieren castigar a alguien o removerlo de sus cargos”.
Asimismo, el ahora ex Cónsul establece que envió informes desde julio a las diversas autoridades de Cancillería, entre ellos el Ministro Martínez y la Viceministra Liduvina Magarín, en el que estableció una situación grave que estaba sucediendo en la Agencia Consular de El Salvador en Tenosique, donde también adjuntó archivos que contenían una Declaración Jurada de un ex militar de inteligencia, Jorge A. Garcìa. Dicho informe no tuvo respuesta por parte de las autoridades de Gobierno.
“García me externó que en nuestro país estuvo laborando para las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES); y que su función la había desempeñado en labor de “inteligencia” y que quizá por ello Blanca Rosa Amaya Aguiluz, asistente administrativa de esta representación consular, le había pedido que me espiara y que le informara de las cosas que yo andaba haciendo, que hiciera fotografías al vehículo del consulado y a mí persona, para que se lo informara a ella; y que por ello le iba a compensar muy bien, un hecho de suma gravedad tomando en cuenta lo peligroso de la zona en donde estamos”, explica Funes.
De igual manera, denuncia: “Quiero recordarle señor ministro, que toda esta información que menciono aquí, se la envié a su correo institucional, así como al de su asistente en el despacho con todas las pruebas antes apuntadas. En un principio hubo un correo y un par de llamadas por parte de Nelson Pleités, quien me dijo que ya le estaban dando trámite al caso de la licenciada Amaya y me planteó que se realizaría una videoconferencia en la cual estaríamos los tres, el compañero asistente administrativo Efraín Campos Orellana, la licenciada Amaya Aguiluz y yo”, sin embargo, dicha conferencia nunca sucedió, procediendo a un proceso administrativo a través de la Embajada de El Salvador en México, sin mayores acciones.
También, Funes solicitó que se le brindara seguridad personal, por lo peligroso en la ciudad y zona donde está ubicada el servicio consular, dicha solicitud nunca procedió, perdiendo el contacto con las autoridades salvadoreñas, por más de 100 días.
Contrario a la problemática, el Cónsul procedió con una reestructuración dentro del Consulado en Tenosique. “Me dediqué a trabajar y organizar una oficina que mantenían abandonada, desordenada; y que solamente, y no es una percepción solo mía, en lugar de cumplir una misión oficial humanitaria, es utilizada como un lugar de castigo, esto, cuando ya no quieren mantener a una persona en la institución y no tienen motivos ni justificaciones para despedirlo, pero en mi caso, les he demostrado que soy una persona disciplinada y respetuosa”.
Estoy convencido que por parte del gobierno se violó mi contrato de trabajo al no brindarme las condiciones acordadas para desarrollar las funciones que me fueron asignadas, me asiste el derecho al reclamo de una indemnización por daños y perjuicios, lo cual, de no llegar a un arreglo amistoso, me veré en la penosa situación de demandarlo ante las instancias correspondientes, culmina el escrito.
