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Bogotá/dpa
Los sectores minero y petrolero de Colombia expresaron hoy su preocupación por las consultas populares efectuadas hasta ahora en siete municipios del país, en las que la población votó en contra de proyectos de exploración por motivos ambientales.
Arbeláez y Pijao, ubicados en los departamentos de Cundinamarca (centro) y Quindío (centro-oeste), respectivamente, se sumaron el domingo a otros cinco municipios que desde 2013 han efectuado consultas populares para impedir las actividades mineras y de exploración petrolera.
Según el director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, Luis Guillermo Vélez, las consultas pueden ser consideradas como inconstitucionales porque lo que se encuentra en el subsuelo le pertenece al Estado y no a los municipios.
«Lo primero que hay que aclarar es la diferencia entre el suelo y el subsuelo. El suelo, es decir la superficie, corresponde a la jurisdicción de la entidad territorial (el municipio). En el caso del subsuelo, este le pertenece a la Nación, o sea, a todos los colombianos», dijo Vélez, según declaraciones citadas por el diario «El Tiempo».
A su vez, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, dijo que los resultados de las votaciones acarrean serios problemas a los inversionistas y derivarían en un aumento de los impuestos.
«En este momento la mayoría de las consultas se están realizando en donde estamos haciendo labores exploratorias. Hay contratos firmados para adelantar esas exploraciones y por eso se genera la incertidumbre», dijo Velandia.
El funcionario señaló que si las actividades de exploración se impiden en más zonas del país, los colombianos sufrirían un incremento de los impuestos para que el Estado reemplace los recursos que percibe de ese sector.
En términos similares se expresó el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco Lloreda, quien dijo a la cadena de radio Caracol que las consultas populares de esas características tienen consecuencias en el nivel de los impuestos.
«El impacto fiscal es muy grande y eso generará muchos más impuestos en el país. Es una profunda estupidez querer sacar a la actividad minera en el país. Si seguimos con esa actitud debemos prepararnos para combustibles más costosos», dijo Lloreda.
La primera consulta popular que prohibió las actividades mineras y petroleras se llevó a cabo el 28 de julio de 2013 en el municipio de Piedras, en el departamento de Tolima.
Desde entonces otras consultas con una votación mayoritaria por el «no» se han realizado en Tauramena, Cabrera, Cajamarca, Cumaral, municipios ubicados en los departamentos de Casanare, Cundinamarca, Tolima y Meta, respectivamente. Arbeláez y Pijao se unieron desde el fin de semana a este grupo.
Además, se prevé para el 6 de agosto una consulta popular en Pasca, en Cundinamarca, al tiempo que organizaciones cívicas organizan votaciones en municipios de Tolima y Antioquia, que aún no tienen fecha.
