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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Debido a que el 30 de junio venció la ley de compensación económica que permite entregar de subsidio $200 por microbuses y $400 por buses, un sector de los empresarios ha utilizado ese argumento para no iniciar labores; sin embargo, el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez afirmó que el Gobierno está abierto al diálogo, a fin de llegar a un acuerdo que garantice las condiciones adecuadas a los usuarios y restablecer la circulación total del transporte.
El funcionario señaló que el sector transporte está dividido; del total de unidades, el 70 % iniciaron labores, son los empresarios que están de acuerdo con la propuesta de mantener la compensación, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que mejoren la calidad del servicio a los usuarios, que incluye instalación de GPS y revisiones técnicas.
“Siempre que la ley de compensación económica está a punto de vencer, los empresarios del transporte colectivo exigen un aumento de tarifa y compensación y este año no es la excepción, hemos sido claros que no habrá aumento de la tarifa, ni aumento de la compensación; hacemos un llamado a los empresarios que no han reanudado labores a que pongan a circular sus unidades, parte de las condiciones para que accedan a la compensación económica es que presten el servicio”, reiteró Rodríguez
Externó que de un total de 1,300 rutas, cerca de 192 no han circulado, principalmente en sectores de Sonsonate, Ahuachapán y La Unión; pero el Viceministerio de Transporte (VMT) envío unidades para trasladar gratuitamente a la población. Pidió a diputados aprobar la iniciativa de la Ley de compensación al transporte público, que permitiría mayores controles y exigencias para entregar el subsidio.
Saúl Castelar, viceministro de Transporte explicó que en las pocas rutas que aún no están circulando les han levantado los procesos correspondiente de acuerdo a la ley. Asimismo, manifestó que en el 99 % de los casos las personas que usan el transporte, cumplen con el uso de la mascarilla.
Los gestores e inspectores del VMT, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), verifican desde el primer día el cumplimiento de las medidas de bioseguridad; sin embargo, los elementos legales del Gobierno para poder sancionar son muy limitados.
