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Cientos de personas de las comunidades del nororiente de Chalatenango caminaron desde El Zapote (Las Vueltas) y El Portillo (San José las Flores) para conmemorar el 41 aniversario de la masacre del Sumpul, ocurrida entre el 13 y 14 de mayo de 1980, en las riberas del río, caserío Las Aradas, cantón Yurique, del municipio de Ojos de Agua, en Chalatenango.
Las actividades comenzaron con la peregrinación desde el 13 de mayo, cuando decenas de jóvenes de Arcatao, Nueva Trinidad, Las Flores, Las Vueltas, Guarjila y otras comunidades, se dieron cita en el lugar de la masacre para convivir y recordar la memoria de las víctimas inocentes del conflicto. En este lugar se llevó a cabo una vigilia para esperar la llegada de más personas al siguiente día.
Las actividades fueron organizadas por la Asociación Sumpul, que reúne a sobrevivientes y familiares de las víctimas de las diferentes masacres de Chalatenango, con el apoyo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre estas CCR, Cripdes, Cáritas, Acisam y la Casa de la Cultura de Guarjila.
En el marco del 41 aniversario de la masacre, los sobrevivientes se pronunciaron para pedir justicia, para que el juzgado de Ojos de Agua, de Chalatenango, la Corte Suprema de Justicia, y el presidente Bukele asuman con responsabilidad el caso de la masacre del Sumpul.
Además, piden que las autoridades retomen la investigación y se lleven a cabo las medidas que debieron tomarse desde que se presentó el caso en 1992: continuar el proceso de exhumaciones en el lugar de la masacre, hacer trámites correspondientes con autoridades hondureñas para exhumar restos sepultados en territorio hondureño en las riberas del río, citar a declarar a los autores intelectuales de la masacre cuyos nombres se encuentran en la demanda presentada por Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y los archivos de la Comisión de la Verdad.
En ese sentido, consideran que la reparación moral también es necesaria en esta búsqueda de justicia, ya que debe ser el Estado salvadoreño quien reconozca la veracidad de los hechos, tal y como han sido documentados, y que pida perdón sin revictimizar a los sobrevivientes de la masacre. En cuanto a la reparación material, demandan que se garantice una pensión digna para todas las personas sobrevivientes de la población civil, que se implementen programas de atención a la salud mental, proyectos de vivienda, salud y educación superior, así como espacios físicos de recreación para el sano esparcimiento de los sobrevivientes y sus familias.
Desde 1992, Tutela Legal Dra. María Julia Hernández ha acompañado a los sobrevivientes. Ese año se presentó la denuncia en los juzgados de Chalatenango. En este proceso judicial se han dado muchos obstáculos que han imposibilitado la justicia: pérdida de diligencias con Honduras y suspensión de exhumaciones, denuncia el abogado Alejandro Díaz, de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández. Sin embargo, se han llevado a cabo actividades que hacen que el proceso avance, con el acompañamiento de diversas organizaciones, como la toma de declaraciones y este año 2021, en el mes de febrero, las primeras exhumaciones en el plan de Las Aradas, agregó.
Díaz sostiene que uno de los principales objetivos, por la dignidad de las víctimas, es llevar a la justicia a las personas que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos y que están blindadas por el Gobierno actual, con un pacto muy fuerte entre el militarismo y el poder de turno. “Se está diciendo que no existen archivos militares, que algunos de estos hechos fueron sólo hechos entre combatientes como se ha dicho en El Mozote, y como también se ha hecho utilizando las víctimas políticamente a las víctimas para decir que se va a avanzar en la justicia, verdad y reparación y lo que se ha hecho es negar la información”, recalcó.
“Nosotros debemos seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo con las instituciones y con el acompañamiento de instituciones y líderes que siguen acompañando este caso. Esperamos llegar a la verdad, la justicia y la reparación a pesar que se ven ya amenazas en contra de las organizaciones de Derechos Humanos de investigarlas y de neutralizarlas, porque esa es la consigna, que toda persona que piensa diferente es un enemigo interno o externo”, mencionó Díaz.
Las organizaciones de Chalatenango seguirán acompañando a la Asociación Sumpul para que se llegue a la verdad, justicia y reparación, sostuvo Rubia Guardado, representante de CCR; “estamos comprometidos a seguir luchando y que el Gobierno permita llegar a la verdad. Debemos siempre tenerlos en la memoria y honrarlos”.
Este año, como en las últimas conmemoraciones exceptuando el 2020 que debido a la pandemia no se realizó, se ha visto una gran participación de jóvenes. Al respecto, Buenaventura Tobar -alcaldesa de San José las Flores- agradeció a las familias, madres y padres, que llevan a sus niños para que conozcan la historia. “Como alcaldes y alcaldesas estamos comprometidos con estos espacios, con estas conmemoraciones, honrar la memoria de nuestros hermanos y hermanas”, concluyó.
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