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Alma Vilches
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El periodista Leonel Herrera, lamentó que continúa la manipulación de la justicia y criminalización de los cinco defensores ambientales de Santa Marta, Cabañas, puesestaba la expectativa que en la audiencia preliminar a principios de abril el caso se cerrara, porque la Fiscalía General de la República (FGR) no ha podido presentar pruebas reales de delitos a los imputados.
“María Elizabeth Amaya Rivera, jueza de instrucción de Sensuntepeque, es por hoy la responsable que este proceso de persecución política continúe contra los líderes de Santa Marta, pese a carecer de pruebas”, expresó durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.
A criterio de Herrera, el Estado salvadoreño en vez de perseguir a los líderes de Santa Marta debería de reconocerlos por ser héroes, pues lucharon porque se prohibiera la minería y el país se salvar de una catástrofe ambiental.
“Una de las mayores torpezas de la Fiscalía General de la República es definir a las ex organizaciones guerrilleras como asociaciones ilícitas, se está poniendo por encima de la declaración franco-mexicana, los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional, las cuales dicen que las organizaciones que integraron al FMLN en la época de guerra son organizaciones delincuenciales”, aseguró.
Externó que de condenar a los líderes ambientalistas por asociación ilícita debido a haber pertenecido a una organización guerrillera, también serán delincuentes quienes pertenecieron a las FPL, ERP, Partido Comunista, RN, PRTC y gente del gobierno.
Según el periodista, después de 30 años a la Fiscalía se le ocurre que esas organizaciones guerrilleras fueron delincuenciales, en ese caso, también serán “delincuentes” Félix Ulloa quien perteneció a la RN y María Chichilco que estuvo en las FPL.
“Estamos frente a una Fiscalía y gobernantes quienes creen que pueden reescribir la historia, revertir los Acuerdos de Paz, interpretar a su conveniencia las leyes y el derecho internacional, si condenan a los ambientalistas de Santa Marta se abre el camino a la minería, y si hay minería se acaba este país”, sostuvo.
Asimismo, dijo que no es momento para hacer la reforma constitucional, esta debió haberse hecho antes de las elecciones para que de alguna manera la población se pronunciara a favor o en contra cuando votaran por los diputados.
Cuando Félix Ulloa levantó la bandera de una reforma constitucional vendía la idea que era para actualizar la Constitución y democratizar más el país, sin embargo, el plan del gobierno es que la Asamblea saliente apruebe la Reforma Constitucional en la última sesión plenaria, y los diputados entrantes la ratifique el 1 de mayo, para adecuar la Constitución a la dictadura.
