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Son once empleados públicos los que se sumaron a la lista de despedidos, desde la toma de posesión del presidente de la República Nayib Bukele. A mediados de esta semana fue despedida más de una decena de personas en el ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con uno de los despedidos, los cesados respondían a jefaturas relacionadas a tecnología de información, recursos humanos, relaciones económicas, desarrollo social integral, entre otras.
La fuente informó que el 31 de julio dos abogados de la Presidencia llegaron a la cancillería, para hacer efectivas las destituciones del personal. Algunos de los empleados que tienen más de veinte años de laborar en la cancillería pidieron ser reubicados, pero los abogados manifestaron que “no llevaban entre sus facultades esa opción, solo la renuncia o el despido”.
Los despidos iniciaron el 4 de junio cuando los empleados de la extinta Secretaría de Inclusión Social (SIS) entre ellos, jóvenes, personas de la tercera edad y discapacitados quedaron sin empleo, y sin ninguna certeza de que serian reinstalados en otra entidad del Ejecutivo como lo anunció el mandatario.
El 2 de junio anterior el presidente Nayib Bukele decidió suprimir las secretarías adscritas a la Presidencia: Secretaría Técnica de la Presidencia, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Gobernabilidad, Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, y Secretaría de Vulnerabilidad.
Luego de 57 días los empleados de la SIS se reunieron con la gerencia de recursos humanos de Casa Presidencial, para discutir el tema de las indemnizaciones, por la supresión definitiva de las plazas laborales.
Los despedidos quienes participaron en la reunión, confirmaron a Diario Co Latino, que algunos de los trabajadores aceptaron firmar la renuncia a cambio de un cheque equivalente a la indemnización. Otras personas decidieron continuar con los procesos jurídicos, y permanecer a la espera de lo que resuelva la Asamblea Legislativa sobre el tema.
Los representantes del sindicato de la SIS aseguraron que el mandatario salvadoreño habría violado la Ley del Servicio Civil, que establece que antes de eliminar plazas por Ley de Salario se debe justificar que el personal no es idóneos para ser transferido a otra dependencia del Ejecutivo.
