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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Representantes de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, que aglutina a alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil, presentaron este jueves en la Fiscalía General de la República una carta dirigida al fiscal general, Raúl Melara, en la que piden el cese de la persecución penal contra siete activistas del derecho humano al agua en el municipio de Tacuba.
De acuerdo a los voceros de las organizaciones, el fiscal Miguel Santiago Gross Salazar insiste en acusar a siete líderes comunales del municipio de Tacuba, por presunto hurto agravado. En julio de este año, los siete procesados fueron absueltos por la Cámara de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de las acusaciones por usurpación de inmuebles y hurto de energía o fluidos.
Además, el movimiento antiprivatización manifestó que el exalcalde de Tacuba, Joel Ramírez Acosta, denunció penalmente a los líderes comunales por estar supuestamente interesado en utilizar el modelo de gestión comunitaria del agua para fines lucrativos.
“El alcalde anterior quería apropiarse del sistema financiado por la comunidad, a la comunidad le costó la creación y mantenimiento del sistema y él pretendía cobrar por la distribución del agua, cuando tampoco le pertenece a la municipalidad”, detalló Morena Murillo, integrante del movimiento, quien agregó que el edil actual, Luis Carlos Milla, ha desistido de las acusaciones planteadas por su predecesor.
El presidente de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), Leonel Herrera, que forma parte de la Alianza contra la Privatización, consideró que las acciones del fiscal Gross Salazar pretenden criminalizar y perseguir el activismo y la defensa de los derechos humanos.
Herrera dijo que el exalcalde, Joel Ramírez, fue detenido ebrio y en posesión de un arma de fuego y, en ese caso, la Fiscalía no ha promovido acción penal en su contra, así como también la FGR fue notificada por presunta corrupción en la gestión municipal del exedil y tampoco ha investigado.
“Exigimos al fiscal general, Raúl Melara, a que la Fiscalía deje de perseguir a los defensores del derecho al agua en Tacuba, la audiencia contra los activistas es a principios del próximo año y exigimos que la Fiscalía retire la acusación”, comentó.
Los líderes de las juntas de agua que abastecen a siete comunidades del municipio de Tacuba fueron detenidos en julio de 2016, tras haber sido denunciados por supuesta usurpación de inmuebles, hurto de energía o fluidos y hurto agravado.
