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A gritos de “¡Asesinos!” y “¡Un pueblo unido jamás será vencido!” bolivianos deSacaba, en las afueras de la ciudad de Cochabamba, continuaban las manifestaciones el domingo tras la masacre ejecutada por la policía que provocó la muerte de 12 personas.
“Han matado con balas, nos han baleado los militares. Queremos respeto, hemos pedido respeto, hemos pedido que renuncie esa autonombrada presidenta que nosotros no hemos nombrado. Por eso estábamos yendo a marchar a Cochabamba, pero no nos han dejado, nos han matado a nuestros hijos”, expresó una de las mujeres presentes en la marcha.
Otro de los testigos de la masacre afirmó que los militares y la policía los golpearon, le quitaron sus billeteras, celulares y lanzaron proyectiles de balas que provocaron heridos y muertos.
“Es un momento de terror, lamentable, de tragedia, ver como le pegan a los compañeros, a personas mayores. No respetan, no nos consideran personas, no nos valoran. No se puede decir en otras palabras”, subrayó el joven indígena.
De diversas partes cercanas a la región de Sacaba “hermanos” de lucha llevan alimentación en solidaridad a quienes protestan.
“Vemos que están sufriendo, la masacre es lamentablemente dolorosa”, contestó unos de los proveedores de comida.
Los choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, mayoritariamente cocaleros de pueblos originarios de la región, dejaron más de 100 heridos luego de que se les impidiera ingresar a Cochabamba para reclamar el retorno de Evo Morales.
El director del Hospital México de la localidad, Guadalberto Lara, dijo que la mayoría de los fallecidos presentaban disparos y describió la masacre de Sacaba como la peor violencia que vio en sus 30 años de carrera.
Los cocaleros fueron velados el sábado en la carretera cerca al sitio de los enfrentamientos. Una mujer llorosa puso su mano sobre un ataúd de madera rodeado de flores mientras preguntaba: “¿Esto es democracia? Así matando como si fuera cualquier cosa”. Otra lloraba y rezaba en quechua sobre uno de los muertos cubierto con la bandera nacional boliviana y la “wiphala”, que representa a los pueblos indígenas.
Mientras el representante de la Defensoría del Pueblo en la región central de Cochabamba, Nelson Cox, acusó a policías y militares de una arremetida desproporcionada contra la población civil y de incumplir estándares de seguridad internacionales.
Asimismo, activistas de los derechos humanos en Bolivia pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar una misión de verificación al país, después de que el propio organismo internacional advirtiera que las armas de fuego deben excluirse de los dispositivos utilizados contra de las protestas sociales.
No obstante, el Gobierno de facto de Bolivia, encabezado por la autroplocamada presidenta, Jeanine Áñez, emitió un decreto que autoriza el uso de armas de fuego para reprimir las protestas y otorga impunidad a Policía y las fuerzas armadas del país.
